La difusión ininterrumpida de audios cruzados, escraches y datos sensibles desató un clima hostil que traspasó las redes sociales. Hubo denuncias por amenazas y por pedradas en la casa de la estudiante denunciada.
Linchamiento virtual. Las redes sociales funcionan como caldo de cultivo y la violencia pasó a la calle.
Lo que comenzó como una grave denuncia por violencia digital y ciberbullying dentro de la comunidad educativa del Colegio Pía Didoménico se transformó durante el fin de semana en un peligroso fenómeno de violencia social fuera de control. La filtración continua de audios privados, sumada al «doxeo» o publicación de datos sensibles de los alumnos denunciados, encendió un clima de hostilidad que pasó vertiginosamente de las redes sociales a la vía pública.
Durante las últimas horas, las plataformas digitales se convirtieron en la arena de un linchamiento virtual sistemático. Se difundieron conversaciones íntimas de familiares directos —tanto del entorno de uno de los adolescentes imputados como de la joven víctima de violencia digital—, dinamitando cualquier instancia de contención o reserva. Lejos de aplacarse, la virulencia digital escaló en agresiones materiales: se denunció formalmente que la vivienda de una de las estudiantes involucradas fue blanco de un ataque a pedradas.
Frente a este escenario de conmoción, la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, con competencia en Ciberdelitos, a cargo de la fiscal Paola González Pinto, lleva adelante varias denuncias. Fuentes judiciales informaron que entre el sábado 24 y el lunes 26 de octubre se radicaron varias denuncias.
Según se precisó, familiares y allegados de la estudiante investigada denunciaron haber recibido intimidaciones explícitas de muerte y amenazas de violencia sexual concretadas mediante llamadas telefónicas, mensajería directa y redes sociales. Los mensajes no solo incluyeron imágenes violentas, sino también la difusión no consentida de domicilios particulares y números telefónicos. Ante esto, la Fiscalía dispuso medidas inmediatas de resguardo e implementó rondas policiales preventivas en las viviendas de las personas denunciantes, además de exigir la preservación de evidencia digital para identificar a los responsables, aun si operaron mediante cuentas falsas o anónimas. A la vez, se ratificó que en la Fiscalía Penal Juvenil continúan las actuaciones correspondientes para proteger a la víctima inicial con medidas de asistencia integral, manteniendo el estricto sigilo que exige la legislación de protección de personas menores de edad.
El caso terminó desencadenando una profunda fractura social atravesada por ingredientes políticos, polarización y resentimiento de clase. En los foros y publicaciones que circulan en la provincia, la discusión desbordó el episodio escolar y reabrió viejas heridas del imaginario colectivo catamarqueño.
Llamativamente, en las interacciones digitales se multiplicaron los discursos que «rememoran» el emblemático caso de María Soledad Morales, trazando paralelismos sobre los privilegios institucionales o la impunidad percibida en sectores de poder local. Del mismo modo, no tardó en recordarse públicamente que de las mismas aulas de la institución escolar egresó Naim Vera, condenado por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo, convirtiendo el trasfondo en un denso caldo de cultivo social.
Frente a la gravedad de los hechos, las autoridades del Ministerio Público Fiscal hicieron un llamado angustiante a la ciudadanía para abstenerse de compartir videos, audios, fotos o cualquier dato identitario de las personas involucradas. “Su circulación agrava el daño, expone a quienes ya son víctimas y no contribuye al esclarecimiento de los hechos”, remarcaron fuentes judiciales. También se remarcó firmemente que amenazar o difundir información personal con fines intimidatorios no constituye un simple acto de escrache en redes, sino la presunta comisión de severos delitos penales.
