El exintendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, que purga seis años de prisión por "abuso sexual simple agravado por ser el encargado de la guarda", en perjuicio de una adolescente, pidió acceder al beneficio de libertad asistida.
El hombre está alojado en el penal de Miraflores y según fuentes judiciales, la sentencia se cumpliría en diciembre de 2026.
Esta nueva presentación fue realizada a través de su abogado defensor, Pedro Vélez.
Como en los intentos anteriores, la jueza de Ejecución Penal N°1, Alicia Elizabeth Cabanillas, solicitó que al reo se le practique una nueva evaluación psicológica, en el Cuerpo Interdisciplinario Forense.
El resultado de esa evaluación será clave, porque los pedidos anteriores de prisión domiciliaria fueron negados como consecuencia de informes psicológicos desfavorables.
Además, la jueza evaluará el seguimiento que desde hace meses se le viene realizando a Aybar, en el marco de las capacitaciones sobre cuestiones de violencia de género y otros tratamientos que realiza como interno del penal de Miraflores.
Para la defensa, desde que fue condenado, Aybar "mantiene una conducta ejemplar y concepto muy bueno, sin sanciones disciplinarias, además de informes favorables en las áreas de seguridad, educación, sanidad y laborterapia".
Por otra parte, el defensor consideró que la jueza le negó reiteradamente las salidas transitorias y la prisión domiciliaria, apoyándose "exclusivamente en apreciaciones criminológicas y psicológicas de carácter prospectivo, relativas a eventuales riesgos futuros". En este punto, sostuvo que la jueza debería tener en cuenta que es "esencial la reinserción social del condenado", advirtiendo que "el egreso anticipado no constituye un premio excepcional, sino una herramienta destinada a favorecer la reintegración gradual de la persona en el medio libre".
"La sola existencia de informes técnicos parcialmente desfavorables no pueden neutralizar automáticamente la totalidad de indicadores positivos", relativizó la defensa.
Por su parte, la querella representada por el abogado Sebastián Ibáñez, manifestó su rechazo de la libertad asistida.
Se supo además que recientemente una mujer radicó una denuncia contra el exintendente por presunto abuso sexual con acceso carnal, que es tramitada en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género.
