El juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito resolvió que el Fuero Penal Juvenil no debe intervenir en un hecho de violencia, en el que un chico de 12 años fue sindicado como agresor. Por la edad, no es punible.
El juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito resolvió que el Fuero Penal Juvenil no debe intervenir en un hecho de violencia, en el que un chico de 12 años fue sindicado como agresor. Por la edad, no es punible.
“En el caso que nos ocupa, incluso la intervención de la Justicia Penal es altamente desaconsejable y en este caso a donde existe hasta quizás un posible caso de acoso escolar o bullying, estimo que la solución y el abordaje debe ser realizado en el ámbito educativo y entre toda la comunidad educativa me refiero a los estudiantes, directivos, personal docente, no docentes, administrativos, padres de familia y tutores”, consideró el juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito, ante un hecho de violencia escolar en una escuela capitalina.
Un chico de 12 años había sido sindicado como agresor y los padres del chico agredido habían denunciado el hecho. El fiscal del fuero especializado había tomado intervención. A fin de escuchar al chico denunciado, había fijado una audiencia indagatoria. La asesora de Menores Daniela Faerman Cano se opuso y el magistrado resolvió. Para el juez Morabito, la solución no es penal sino con un abordaje en el ámbito educativo. Con este norte, citó la Ley Provincial 5.402 Exclusión del maltrato y promoción de la cultura de paz en la comunidad educativa y prevención y erradicación de bullying o acoso escolar entre pares. La normativa data de 2015.
“El conflicto aquí denunciado entre los adolescentes deberá abordarse en la comunidad educativa donde ambos asisten con carácter integral, urgente y prioritario en el marco de la Ley 5.402”, resolvió el magistrado. Además, a través de una carta redactada en lenguaje claro informó a la comunidad educativa, que en los próximos días, junto con el fiscal Guillermo Narváez, se presentará en la escuela, a efectos de mantener una charla con el fin de entablar el diálogo para la solución pacífica de conflictos como el planteado y para evitar que vuelvan a suscitarse.
“Resulta incompatible con el Sistema Penal Juvenil tomar declaración indagatoria a un adolescente no punible en razón a que la declaración indagatoria es un acto procesal propio de imputados, cuyo objetivo es permitir la defensa frente a una acusación penal y dado que las personas menores de 16 años son no punibles, no pueden ser tratados como acusados en un proceso penal, lo que hace que la indagatoria sea inaplicable en estos casos. La declaración indagatoria no es el medio para asegurar el derecho a ser oído por parte de los niños, niñas y adolescentes. Se contradice los estándares previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño y no es el mecanismo apropiado para asegurar el derecho a ser oído en el procedimiento penal”, explicó Morabito.
Además, aclaró que la participación del fiscal de este fuero especializado en casos como éste solo se limita a establecer que el Ministerio Público Fiscal debe investigar el hecho e individualizar a su autor y en el caso que no fuere punible no puede adoptar medida alguna respecto de la persona adolescente, ergo, si así se permitiera, indirectamente (o directamente) se estarían tomando medidas penales sobre quien no puede ser sometido a un proceso penal.
En este sentido, precisó que el objetivo es “esclarecer el hecho”: verificar como ocurrió o se originó el conflicto que generó el conflicto penal y, por otro lado, “individualizar al autor”. No obstante, si en esta individualización el chico resulta ser no punible o hubiese dudas de que pudiera serlo, la intervención no es penal o de la Justicia Penal sino del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Es decir, no podrá adoptarse medida punitiva alguna sobre quien la ley no ha considerado que tiene una edad suficiente para enfrentarse a un proceso penal.
“Por otra parte, la Justicia Penal resulta desaconsejable porque en muchas ocasiones puede llegar a transformar en delitos y ‘delincuentes’ a quienes por su mayor vulnerabilidad al ser niños, niñas y adolescentes pueden llegar a recaer en conductas que claro está deben ser repudiadas, rechazadas y hasta sancionadas en otros ámbitos (la escuela) pero que es en esos ámbitos a donde deben encontrar la solución a través de una cultura del diálogo para abordar los conflictos entre los adolescentes y la comunidad educativa toda, evitándose al máximo la injerencia de la justicia penal en las instituciones educativas”, sostuvo.
Ante lo sucedido, en el marco del Programa “Los jueces van a la escuela”, el juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito y el fiscal de este fuero especializado, en los próximos días, se reunirán con esta comunidad educativa, para abordar esta problemática y buscar soluciones alternativas en el conflicto.
“Mi nombre es Rodrigo Morabito y actualmente trabajo de juez. Mi obligación es juzgar delitos que cometen los niños, niñas y adolescentes, pero también es mi obligación encontrar soluciones para que los chicos y las chicas a través de esta justicia no terminen más lastimados o dañados de lo que ya se encuentran. Creo que la obligación de ustedes como futuras generaciones es encontrar una salida a la violencia y las cosas malas que ocurren en el mundo. ¡Nunca hagan Bullying, porque si lo hacen, es prepararse para la guerra y no para la paz!”.
*En 2015, la Legislatura sancionó la Ley Provincial 5.402 Exclusión del maltrato y promoción de la cultura de paz en la comunidad educativa y prevención y erradicación de bullying o acoso escolar entre pares. La iniciativa fue impulsada por el actual senador nacional Guillermo Andrada.
*En 2022, entonces ministra de Educación Andrea Centurión, presentó el “Protocolo de Actuación ante Situaciones Complejas en las Instituciones Educativas”.
“Se ha escuchado a todas las partes. Lo que busca esta ampliación y actualización es dar a los docentes, supervisores y a toda la comunidad educativa una herramienta para que pueda intervenir en situaciones complejas que se presentan en la cotidianidad de la escuela. Este regreso a la presencialidad, en la pospandemia, puso en el tapete situaciones que no teníamos o que veíamos en menor intensidad y hoy nos hacen repensar la escuela y los conflictos para solucionar a través de medios pacíficos. Buscamos que estas herramientas hayan quedado plasmadas acá. Lo primero que tenemos que trabajar en las escuelas es la prevención”, había expresado.