La fiscal que investiga el femicidio de Lola Chomnalez, la adolescente asesinada en diciembre de 2014 en la playa uruguaya de Barra de Valizas, pidió en un juicio que el presunto autor del crimen sea condenado a 30 años de prisión, informaron fuentes con acceso a la causa.
El requerimiento de la fiscal de Rocha, Mariela Núñez, recayó sobre el detenido Leonardo David Sena (39) e implica la pena máxima establecida en el Código Penal de Uruguay para el delito de “homicidio muy especialmente agravado”. Sin embargo, como el crimen ocurrió antes de la última reforma judicial de ese país, se trata de un juicio escrito, no oral, el cual está a cargo del juez Juan Letrado Giménez Vera.
Según las fuentes, ahora el magistrado le correrá vista del pedido de la fiscal a la defensa de Sena que, a su vez, contestará al requerimiento del Ministerio Público, tras lo cual se conocerá si condenan al acusado y el monto de la pena.
“Entendemos que el pedido de la fiscalía está ajustado a derecho”, dijo esta tarde a Télam Jorge Barrera, uno de los abogados uruguayos de la familia de la víctima, que aportan elementos de prueba a la causa a través de la fiscalía.
“Era lo que esperábamos porque se comprobaron los hechos y los elementos exculpatorios que expuso el propio Sena carecían de verosimilitud”, indicó el letrado.
En tanto, aún resta que se expida la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay respecto del otro acusado que tiene la causa: Ángel Eduardo Moreira Martínez, alias “El Cachila”.
Este “cuidacoches” fue absuelto en primera instancia por el juez Giménez Vera, pero el Tribunal de Apelaciones del 4to. Turno revocó en febrero pasado ese fallo y lo condenó a 8 años de prisión por “encubrimiento” del crimen de Lola Chomnalez.
Moreira salió de la cárcel en junio del año pasado tras la absolución de primera instancia, aunque luego volvió a quedar detenido durante unos meses por violar una restricción de acercamiento solicitada por su expareja y por la que finalmente le fijaron un arresto domiciliario.
La absolución de “Cachila” fue apelada en su momento por la exfiscal de Rocha, Jéssica Pereyra, quien había requerido una condena de 10 años de prisión.
