sábado 26 de noviembre de 2022

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Análisis

Acerca de la neutralidad de las decisiones en la justicia penal

Por Rodrigo Morabito (*)

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Las decisiones en la justicia penal tienen la particularidad de resolver sobre cuestiones demasiado importantes y sensibles para la vida de los seres humanos involucrados en el conflicto penal (víctimas y victimarios), ya que se encuentran en juego derechos fundamentales como el de la libertad personal de quienes enfrentan el proceso penal en su contra (y por ende una acusación) y el de tutela judicial efectiva o el derecho de las personas perjudicadas por el delito a tener una respuesta por la afectación sufrida.

Hasta aquí, no hay dudas de que ante el delito debe haber una respuesta por parte de la justicia.

Ahora bien, no necesariamente el inicio de un proceso penal (ni cualquier otro proceso) debe ni puede terminar como las partes involucradas realmente lo esperan; en otras palabras, las personas intervinientes tienen una expectativa de justicia que recién se materializará (esa expectativa) a través de las evidencias (pruebas) que se logren recolectar y discutir en forma igualitaria (en paridad de armas suele decirse en la justicia penal) entre la defensa, fiscalía y la querella (si es que la víctima decidió participar activamente en el proceso); debiendo el juez penal (siempre en forma imparcial y neutral) tomar una decisión fundada, esto es, a través de una explicación detallada con respecto a la aplicación de una sanción (que puede ser la cárcel u otra pena) o respecto de una absolución (liberando a la persona procesada); en ambos casos, las personas involucradas podrán cuestionar esa decisión e instar su revisión en una instancia superior (la Corte de Justicia) para que, precisamente una vez revisada, sea confirmada o sea revocada.

Sin dudas que las personas (potenciales víctimas y victimarios) que acuden a la justicia penal en busca de una decisión que les sea favorable a esa expectativa que tienen, no pueden hacerlo de manera violenta en ningún momento del proceso, esto es, ni cuando comienza, ni durante su transcurso y tampoco cuando culmina, simplemente porque el conflicto se dirime a través de un mecanismo que se ha instituido para solucionar los posibles delitos entre las personas de una manera racional y pacífica.

La violencia es inadmisible en todo momento de la vida de las personas y resulta contradictorio que quienes acuden a la justicia en busca de una respuesta; ante una decisión adversa (con mayor razón aun cuando no es definitiva) reaccionen de un modo irracional, incluso, agrediendo o rompiendo los bienes del Estado. Por supuesto que esa conducta (violenta por cierto) también es claramente reprochable.

Y digo que es claramente reprochable y repudiable, toda vez que es la propia ley penal la que en su artículo 241 inciso 1 señala que se castigará con prisión de quince días a seis meses a quien perturbare el orden (...), en las audiencias de los tribunales de justicia o dondequiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones; como también se sancionará a toda persona que sin estar comprendida en el artículo 237 del Código Penal (que se refiere a toda desobediencia ciudadana a una autoridad en el legítimo ejercicio de sus funciones democráticas), impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones.

Evidentemente, el legislador entendió no solo que los conflictos entre las personas (en especial los generados a través del delito) se deben resolver en un ámbito neutral y pacífico que es en el Poder Judicial, sino que, a su vez, creó una sanción (también penal) que deberá aplicarse a todas aquellas personas que por cualquier circunstancia acudan a la violencia para manifestar su disconformidad con una decisión que hasta que no sea revisada goza de neutralidad y legitimidad democrática.

En definitiva, el proceso penal no termina hasta que se agoten todos los mecanismos procesales creados para revisar una decisión y, todo ello debe transcurrir pacíficamente (sin perjuicio de ejercer las personas involucradas activamente sus derechos legales), sin violencia y sin daños hacia bienes de todos los ciudadanos y ciudadanas, ergo, de lo contrario, el Estado (también a través del poder penal) deberá dar una respuesta inmediata ante esa nueva violencia por parte de quien acudió a la justicia precisamente para encontrar una respuesta a la violencia.

(*) Juez del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil

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