En el contexto del Día de la Lucha contra la Trata de Personas, el gobernador Raúl Jalil remitió un proyecto de ley a la Legislatura a fin de impulsar la capacitación laboral y la reinserción social de las personas que hayan sido víctimas de este delito. A fin de alcanzar este propósito se prevé ofrecer un incentivo económico y realizar pasantías laborales.
La trata de personas es un delito de escala mundial que ha encontrado distintas modalidades en las que la mercancía y el objetivo son los mismos: la persona y su explotación. Afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino. Este delito es la tercera forma de tráfico más extendida, después del tráfico de drogas y el de armas. Cada año entran en redes de explotación unas 2.500.000 de víctimas en el mundo, principalmente niños, niñas, adolescentes y mujeres. Existen múltiples formas de explotación: explotación sexual, trabajo forzado, esclavitud doméstica o mendicidad forzada.
En detalle, la propuesta establece un incentivo económico para aquellos empleadores que contraten a personas rescatadas de este delito. Este beneficio consiste en el reintegro por parte de la provincia de las cargas sociales.
Además, se prevé un sistema de pasantías laborales, con preferencia para aquellas personas que tengan hijos. Tales consisten en becas totales o parciales de trabajo con instituciones privadas que durarán un año o dos como máximo y el salario que reciba el trabajador o la trabajadora no podrá ser inferior a un salario mínimo, vital y móvil.
A fin de poder dar cumplimiento con los objetivos propuestos en el proyecto de ley, se estipula que la autoridad de aplicación será la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad -que depende del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos- conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social y Deportes y el Ministerio de Industria y Comercio y Empleo.
Política pública
Además, la iniciativa propone crear y mantener actualizada la “bolsa laboral” con datos de personas postulantes y sus aptitudes laborales y crear un registro de puestos de trabajo disponibles en el ámbito privada. Al mismo tiempo, se dará asistencia a las personas que contraten, en cualquiera de las modalidades. También recibirán poyo durante la vigencia de la contratación.
En otro orden, se generarán vínculos y convenios con otros organismos estatales, cooperativas y organizaciones civiles para facilitar la inclusión laboral de las personas que han sido víctimas de trata y explotación en sus distintas modalidades.
A fin de resguardar la identidad de las personas rescatadas, la normativa también prevé que el resguardo de la confidencialidad e intimidad en el procesamiento de las bases de datos requeridos. Al respecto, se indicó que la normativa requiere de determinados datos para su cumplimiento, por ello se exige la estricta confidencialidad y reserva de la protección de los datos de conformidad con la Ley Nacional 25326 de Protección de Datos. A la vez, se exige estricta reserva y confidencialidad por parte de los empleadores en cuanto a las circunstancias de las personas mencionadas.
A fin de hacer efectiva esta normativa, el Poder Ejecutivo provincial queda facultado para efectuar la correspondiente adecuación de las partidas presupuestarias. Por último, éste deberá articular con organismos públicos, entidades educativas, equipos de investigación como así también organizaciones de la sociedad civil la evaluación de los resultados e impactos de la política pública que se implementa.
Con la idea de dar contención a uno de los grupos sociales vulnerables, que en su mayoría está integrado por niño, niñas, adolescentes y mujeres, se pretende realizar un fuerte trabajo interdisciplinario, entre los distintos gabinetes de gobierno. “La inclusión social no puede ni debe ser una voluntad declarativa sino que debe ser plasmada en acciones concretas y positivas que la conviertan en realidad”, se fundamentó.