El juez Correccional Javier Herrera halló culpable a Juan Carlos Bustos, quien debía responder por el delito de “grooming” y lo condenó a la pena de cuatro años de prisión. También ordenó que se remitan copias para que se inicie una investigación por presuntos delitos contra niños, niñas y adolescentes. Bustos se encuentra privado de la libertad en el Servicio Penitenciario Provincial, en Capayán, desde diciembre último.
La audiencia estuvo presidida por el juez Herrera. En tanto que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Olga Pereyra, quien estuvo acompañada por el abogado del foro local Pedro Vélez, en representación de la querella. Mientras que la defensa fue ejercida por el abogado particular Luciano Rojas.
En la instancia de alegatos, la fiscal Pereyra mantuvo la acusación de dos hechos de “grooming” y pidió la pena de cuatro años. Argumentó con base al gran daño psicológico que sufrió la víctima, quien hoy continúa con tratamiento y "solo sale acompañada por su madre". Por su parte, el abogado de la querella, adhirió en gran parte al alegato de la fiscal pero pidió una pena de cinco años de prisión. Para el abogado de la querella, el acusado es un "pedófilo de alta peligrosidad". A su turno, el defensor solicitó la absolución para su cliente.
Bustos está acusado de hechos de grooming cometidos en perjuicio de una adolescente en 2013 y 2016. Tanto en la etapa de instrucción como en el juicio oral, el hombre se abstuvo de prestar declaración.
Prófugo
Bustos (60) fue acusado entre 2013 y 2016 por el delito de “grooming”. Su causa fue elevada a juicio en 2017. A fin de mantener la libertad, el acusado debía presentarse ante los tribunales que lo citasen, las veces necesarias. Su expediente recaló en el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, a cargo del juez Diego Chayle Costilla. Fuentes consultadas por El Ancasti informaron que desde septiembre último se intentó ubicar a Bustos, a los efectos de informarle sobre algunas resoluciones vinculadas con su causa. Sin embargo, no se podía dar con él. Ante esta situación, el magistrado ordenó la ubicación de paradero y el traslado por la fuerza pública. Personal de la División de Investigaciones informó que Bustos se encontraba en el barrio porteño de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El juez Correccional libró un oficio a los fines de ordenar a la extradición de Bustos a la capital catamarqueña. De esta manera, el personal policial catamarqueño puso en contacto a sus pares en CABA y Busto fue capturado en los primeros días de diciembre.
EN ALERTA
Un delito que va en aumento
El Código Penal Argentino, en el artículo 131 –incorporado en diciembre de 2013-, estipula que será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual.
Tanto del Sistema de Protección de chicos y chicas como desde el ámbito de la Justicia exhortan a padres, docentes y demás personas que tengan sospechas o sepan sobre abusos sexuales a niños, niñas y a adolescentes a que realicen la denuncia penal correspondiente.
En el contexto de pandemia por coronavirus COVID-19, los expertos advirtieron que niños, niñas y adolescentes se encuentra más sobreexpuestos en internet. El hecho de permanecer en sus hogares los lleva a estar hiperconectados en redes sociales. Por ello, se recomienda el acompañamiento de padres, madres y demás adultos responsables y del fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI).