La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el miércoles último dieron a conocer los resultados del “Relevamiento Nacional de Dispositivos Penales Juveniles y su Población” correspondiente a 2020. Se trata de un informe frente a medidas o penas aplicadas por los poderes judiciales, en todo el país, cuando un adolescente –de entre 16 y 17 años- es imputado o condenado por la comisión de un delito. La investigación fue realizada en el marco de la pandemia por coronavirus COVID-19 y de la implementación de distintas modalidades del Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio (ASPO). Al mismo tiempo, se remarcó que la adecuación normativa nacional a la Convención sobre los Derechos del Niño tiene aún una importante deuda: la de derogar la Ley Nº 22.278 y reemplazarla por una legislación acorde a los tratados internacionales de Derechos Humanos.
En materia Penal Juvenil, de acuerdo con el relevamiento, es importante destacar que la Convención de los Derechos del Niño estipula que la privación de la libertad es una sanción excepcional, de última instancia y en caso de ser aplicada, tiene que serlo por el menor tiempo posible. De lo relevado en este trabajo se desprende una reducción en la población de adolescentes bajo dispositivos penales en general: disminuyó un 32,2% el número de adolescentes que se encontraban en establecimientos de restricción de libertad, un 15,1% los que estaban en establecimientos de privación de libertad y un 11,9 % aquellos que se encontraban cumpliendo una medida penal en territorio –más conocida como “Libertad Asistida-. A la vez, se destacaron los avances relativos a la creación como así también puesta en funcionamiento de Establecimientos Especializados de Aprehensión, dispositivos bajo la competencia de los organismos administrativos especializados en niñez y adolescencia. Al respecto, se valoró que es importante que esta política pública sea extendida, así como deben cesar las detenciones de niños, niñas y adolescentes por motivos no penales donde la intervención debe ser del sistema de protección integral.
En detalle, según el relevamiento, Catamarca, junto con Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Río Negro, cuenta con establecimientos especializados de detención.
Sobre la dependencia institucional de los dispositivos penales juveniles, en términos generales, se señaló que la mayoría de los dispositivos del Sistema Penal Juvenil depende de áreas gubernamentales especializadas, diferentes de aquellas cuya población es adulta y pertenece al Servicio Penitenciario u otras fuerzas de seguridad. En Catamarca, como en la mayor parte de las provincias, los dispositivos penales juveniles dependen de las áreas de Desarrollo Social. Los dispositivos para los cuales se relevaron datos de población son ocho. Siete de ellos son Establecimientos Especializados de Aprehensión –ubicados tres en la provincia de Buenos Aires (Mar del Plata, San Martín y San Nicolás), uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno en Catamarca, dos en Río Negro y uno (1) es un Equipo Especializado de Guardia en Dependencias Policiales ubicado en Córdoba, en Villa María-.
De acuerdo con este informe, durante el período comprendido entre enero a junio de 2020, en el dispositivo especializado de aprehensión de Catamarca se registraron 461 ingresos. En los ocho establecimientos dispersos en el país se observó que en el total de ingresos hay un predominio de población de chicos representado por el 88,9% del total de ingresos y un 11,1% de chicas.
Además, se indicó que en Catamarca junto con Mendoza, Tucumán, San Juan, Entre Ríos, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, más del 90% de adolescentes (tanto chicos y chicas) en el sistema penal juvenil se encuentran bajo una medida penal en territorio –más conocida como “Libertad Asistida”-, lo cual da cuenta del predominio de este tipo de medidas en dichas jurisdicciones. En contraste, tanto en Catamarca como en Río Negro, Formosa, Neuquén, Tierra del Fuego y La Rioja no se cuenta con dispositivos de privación de libertad.
En Catamarca en julio de 2017, el entonces secretario de Seguridad Marcos Denett había tomado la decisión de clausurar el centro cerrado para adolescentes infractores, que funcionaba en el ex-Correccional de Mujeres, sobre calle 1º de Mayo. La decisión se tomó con base a que no se observa la presencia de adolescentes infractores alojados en este dispositivo.
Especialización A modo de conclusión, se valoró que los Dispositivos Especializados de Aprehensión son óptimos a los efectos de superar el alojamiento de niños, niñas y adolescentes en dependencias policiales. Contar con un Dispositivo Especializado de Aprehensión permite abordajes acordes a los estándares nacionales e internacionales en la materia, promoviendo la intervención activa del área especializada. Según lo relevado por esta Dirección Nacional durante 2018, en las comisarías el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que permaneció alojado más de 24 horas "es superior que en dispositivos especializados, y los tiempos de permanencia en estas instituciones son más extensos. Asimismo, aumenta significativamente la cantidad de niños, niñas y adolescentes derivados al Sistema Penal Juvenil y es considerable el porcentaje de aprehensiones por motivos ajenos a la comisión de un ilícito (contravención, protección de derechos y averiguación de antecedentes).
En general, puede afirmarse que dichas circunstancias de alojamiento prolongado en dependencias policiales son consecuencia de la ausencia de intervención especializada y de la intervención exclusiva del Poder Judicial y las agencias de seguridad".
FOTO ESPECIALIZADO
El 30 de agosto de 2018 se sancionó la Ley Provincial 5544 de Creación del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil.
Esta norma se aplica para adolescentes de 16 y 17 años, sindicados de participar de algún hecho delictivo.
A nivel nacional continúa en vigencia el Decreto Ley 22278 de Régimen Penal de la Minoridad, sancionado en 1980, en pleno gobierno de facto.
La legislación catamarqueña, entre otras cuestiones, establece medidas alternativas a la privación de la libertad.
También, estipula el "Fuero de Atracción". Es decir, ante la posibilidad de que un adulto esté involucrado en un hecho con un chico, se tramita en este Fuero pero se lo trata como adulto.