Las partes resolvieron sus diferencias y acordaron pautas de convivencia

Acusado de violencia concilió con su pareja y resultó sobreseído

El fiscal lo envió a juicio. La defensa se opuso y el juez resolvió por la "extinción de la acción penal".
6 de marzo de 2021 - 01:02 Por Redacción El Ancasti

El juez de Control de Garantías N°3, Ramón Porfirio Acuña, dictó el sobreseimiento a un acusado por un hecho de violencia de género contra su pareja. Lo hizo en el marco del artículo 59, Inc. 6to del Código Penal, que establece extinguida la acción penal “por conciliación” tras un acuerdo que llegaron las partes en el que indicaron que ambos lograron “conciliar un acuerdo, que estamos llevando adelante con la voluntad de lograr la paz en nuestro hogar”.

El acusado fue imputado por el delito de “lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja” por un hecho ocurrido en 2019. Tras los elementos de pruebas correspondientes, el fiscal elevó a juicio la causa. En medio del proceso la víctima se presentó y solicitó el cese de la acción penal contra su pareja, quien tenía fijadas restricciones. Con el correr de los meses ambos conciliaron y empezaron una relación armoniosa, según lo señala el imputado. 

El Ancasti tuvo acceso a la resolución de Acuña y en la presentación de oposición a la elevación a juicio el imputado señala que, “atentos a la nueva circunstancia de hecho en referencia a que ambos lograron conciliar un acuerdo que estamos llevando adelante con la voluntad de lograr la paz en nuestro hogar. Toda vez, que aun siendo la cuestión de género de orden público e intereses superiores, la libertad de la mujer de llevar la vida bajo sus propias determinaciones es un interés superior” destaca. 

En ese contexto la pareja realizó un acuerdo conciliatorio y fijó pautas de convivencia, que incluyen, entre otros ítems, asistencia psicológica, con lo cual solicitó el sobreseimiento por el artículo 59 del Código Penal.
En la resolución Acuña señaló que “la referida norma penal cuya aplicación pretende el oponente, remite a las leyes procesales correspondientes de cada jurisdicción provincial” referida puntualmente a la sanción de la Ley de Mediación penal civil, comercial y de familia, Ley Nº 5444.

Ésta, tras ser publicada en el Boletín Oficial, pocos días después, mediante una Acordada, la Corte de Justicia de Catamarca, ante la presentación de la Directora del Centro de Mediación Judicial de una propuesta para el funcionamiento de la dependencia, resolvió diferir la implementación de la referida ley en ámbitos del Centro de Mediación Judicial, hasta contar con la fuente de financiamiento necesario.

Por tal circunstancia la norma invocada por el imputado, (Art. 59°, inciso 6to del Código Penal) carece de la reglamentación procesal necesaria a los fines de su plena operatividad.
Sin embargo tras un análisis de la presentación, doctrinas y jurisprudencia existentes, el juez determinó que “la falta de reglamentación no impide la operatividad del art. 59°, inc. 6to del Código Penal en función de expresas garantías constitucionales que impone el debido procesal legal, igualdad ante la ley e inviolabilidad de la defensa en juicio, que surgen de la Constitución Nacional”. 

Señaló además que “la falta de financiamiento para la implementación de la mediación judicial en el Poder Judicial de Catamarca no puede constituir obstáculo que impida al justiciable ejercer los derechos que le atribuye el sistema penal vigente”.

La importancia de 
la mediación penal 

Para el juez “existe una clara y evidente conciliación de la pareja, según el acuerdo, por el cual dan por superado el conflicto penal y  propone soluciones alternativas, bajo el manto del principio de oportunidad”. Y agregó que “con tal comprensión, estimo que el imputado y su pareja han superado el conflicto, mediante la autocomposición en un marco jurisdiccional, logrando así la finalidad y propósitos de la ley de fondo, esto es, evitar la re victimización”. 

Por último, el juez señala que “habiendo quedado demostrado en autos los serios inconvenientes que genera en la función del servicio de justicia penal el prolongado diferimiento de la implementación de la ley 5444/15, que impide naturalmente la adecuación de su reglamentación procesal (…) entiende como un deber funcional ineludible, exhortar respetuosamente a la Corte de Justicia de Catamarca, se sirva propiciar las medidas necesarias que estime conveniente para su implementación y vigencia, o en su defecto, excluir del referido diferimiento, el Libro II, de la referida Ley, que regula la mediación en el fuero penal”.

 

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