Durante nueve años fueron pareja y en una siesta de diciembre de 2019 una agresión puso fin a esta relación marcada por la violencia. Esa tarde, luego del almuerzo, ella estaba por irse a trabajar y discutieron porque ella se había puesto un pantalón de jeans y su pareja se molestó. La discusión se tornó violenta y para que los hijos no escucharan se fueron hacia el baño. Allí, él la agredió y ella se defendió. Así logró escapar de la casa.
El 8 de marzo, el juez correccional Javier Herrera lo halló culpable del delito de “lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja” y lo condenó a la pena de un año de prisión en suspenso. En los fundamentos, el magistrado señaló que “la relación que unió a la víctima con el victimario estuvo marcada por un vínculo de dominio -subordinación, producto de la violencia física y psicológica-; con una víctima acobardada y un agresor encargado de reproducir valores patriarcales de control y pertenencia. El acusado demostró con su accionar una pauta de conducta propia de quien se siente, por el solo hecho de ser hombre, un ser superior que podía disponer a su antojo de la víctima mujer, controlándola, agrediéndola, cosificándola a tal punto de decirle dónde trabajar, cómo salir vestida a la calle, aun cuando debía usar la violencia para lograr el asentimiento”, señaló.
En este sentido, remarcó que la denunciante dio detalles precisos al inicio de su declaración, y de manera espontánea, pues detalló la forma en que era maltratada por el imputado, quien la celaba, le controlaba el uso del teléfono y redes sociales, le exigía no usar cierta ropa e incluso la obligó a dejar un antiguo trabajo por el contacto que debía tener con otras personas.
Contexto
“Entonces, no es de sorprender que los sucesos criminosos que se le achacan al imputado se hayan consumado en el marco de una privacidad provocada o aprovechada, propia de las relaciones enmarcadas en un contexto de violencia de género. El imputado, con su hostigamiento, procuró dar continuidad o mayor intensidad al amedrentamiento y sujeción de la víctima, y demostrar que su superioridad machista continuaba más allá de la culminación de la relación”, remarcó.
La violencia institucional impide el acceso a la Justicia
Al momento de intentar radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial 7, había contado la víctima en debate, en ese precinto le dijeron que no se la podían recibir porque no correspondía a esa jurisdicción. Ante la negativa, en remís debió trasladarse a la Unidad Judicial 8.
“Solo se limitaron a eso, sin acompañarla. También dijo que su pareja era muy obsesivo, celoso. Angustiada y llorando expresó que el imputado no la dejaba hacer prácticamente nada, no le permitía tener redes sociales, le revisaba todo”, precisó.
Para el magistrado, ello significó violencia institucional y el abordaje del caso sin perspectiva de género, coartando el derecho de la víctima al acceso a la Justicia. A los fines de una reparación simbólica, como forma de dignificar a la víctima y como recuerdo del contexto de violencia institucional que ha padecido, el Estado se debe comprometer a evitar en el futuro situaciones como éstas.
¿Dónde hacer la denuncia?
Ante una posible situación de violencia, la Unidad Judicial Especial de Violencia Familiar y de Género, ubicada en Avenida Maximio Victoria 118, funciona las 24 horas. También pueden presentarse en las Unidades Judiciales de Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.
La sede de la Fiscalía Penal –sita en Junín al 600- es otra posibilidad para asentar denuncias. En el interior, pueden dirigirse en las comisarías.
Además, se encuentra habilitada la Línea 144. El Servicio de Asistencia, Contención y Refugio por Violencia de Género ofrece la vía whatsapp a través de los teléfonos 3834200144 y 3834027684.
También funciona la Línea de Asistencia y Protección a las Personas Adultas Mayores 3834318660.
La Línea 102 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes funciona las 24 horas, los 365 días. A la vez, el Servicio Local de Capital de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes cuenta con la línea 3834 606915, que funciona de 9 a 13.
Los delitos sexuales contra chicos y chicas son de orden público. De esta manera, la acción ante la Justicia podrá ser iniciada por cualquier persona y el Estado estará obligado a llevar adelante las investigaciones correspondientes.