Alejandro Emanuel Fatú, alias “El Mono”, nunca tuvo ni siquiera un documento, un virtual NN nacido en 1989, mecánico de oficio según él mismo, oriundo de Isidro Casanova. Con el tiempo se consiguió uno, totalmente falso, con el número de un hombre de Marcos Paz y un nombre que no encajaba. Sergio Javier Vandamme era un poco mayor que él, 42 años, oriundo de Monte Grande, también decía ser mecánico. Mario Raúl Pérez parece un hombre sencillo a simple vista, un changarín de Rafael Castillo de acuerdo con su propio cuento, que cobra asignaciones universales por hijo y un beneficio para acceder a una garrafa. Gloria Isabel Benítez, de 42 años, pareja de Vandamme, con una densa tintura rubia en el pelo, es la última en la lista en esta historia, correntina, comerciante, asegura ella.
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A juicio los tres acusados de integrar una lucrativa operación criminal
La DDI de Morón de la Policía Bonaerense los detuvo en octubre pasado tras una extensa investigación del fiscal federal Santiago Marquevich -a cargo de la Fiscalía Federal de Hurlingham y la UFESE, el ala de la Procuración que investiga secuestros extorsivos- y el doctor Ignacio Rueda. No parecen impresionantes en un papel, vistos de lejos. Sin embargo, estos cuatro criminales triunfaron en un delito de pesados en el tiempo más duro del aislamiento preventivo y obligatorio. Entre marzo y octubre de 2020, Fatú, Vandamme, Pérez y Benítez crearon una pequeña empresa negra dedicada al secuestro extorsivo y el robo de autos en la zona oeste, con víctimas raptadas y los vehículos para moverlas. Incluso hasta adulteraban los números de los motores. Se los acusa de seis secuestros en total y doce autos robados: todas sus víctimas eran hombres ricos a los que marcaban por el signo más obvio de todos, el calibre de su vehículo.
La banda, por su parte, casi siempre cobraba. Esta semana, el fiscal Marquevich los elevó a juicio oral, luego de que la Sala I de la Cámara Federal de San Martín confirmara varios de los puntos de la acusación de Marquevich a fines de diciembre pasado.
La historia del caso, con documentos a los que se accedió, se escribe con moneda verde. El primero fue un empresario oriundo de Ramos Mejía, 35 años, socio en una firma que controla una concesionaria. Ocurrió el 9 de marzo por la mañana. Lo cruzaron en Haedo mientras viajaba en su Mini Cooper; sus captores estaban a bordo de una Ford EcoSport: dos encapuchados forzaron al empresario a subir a la EcoSport mientras otros se llevaban el Mini Cooper, ambos grupos conectados por handies. Los llamados extorsivos fueron al socio del empresario, a través de su propio celular. Finalmente cobraron: U$S 6.400 y $3.000 en un bolso entregado bajo un puente en La Matanza. La víctima fue liberada ilesa.
El 7 de mayo, otra vez atacaron: otro empresario, porteño, 45 años, dedicado al negocio de los neumáticos. Lo ataron con precintos y lo hicieron gritar mientras le negociaban $500.000 a su esposa por teléfono. Su mujer les dijo que no tenía esa plata.
Terminaron por soltarlo en Morón. Antes le robaron su vieja MacBook, tal vez por despecho. El próximo golpe les saldría mejor.
Fue el 19 de mayo, cuando se llevaron a un escribano de 65 años. Se lo llevaron a punta de pistola. Lo liberaron cerca de la cancha de Deportivo Morón después de la entrega de 7 mil dólares y $40.000.
El premio gordo llegó el 11 de agosto. Otro hombre de negocios que viajaba en un Audi Q5 y al que capturaron con una camioneta Honda HRV como auto de apoyo en la bajada de Brandsen de la Autopista Oeste. Lo soltaron cerca de un conocido supermercado de la zona. Una hora y media de cautiverio: $160.000 pesos y U$S 30.
Las patentes robadas e intercambiadas eran otro clásico del grupo, con Fatú como el pesado principal junto a Mario Pérez, según la imputación de Marquevich. Vandamme y Gloria supuestamente proveían la logística. Fue en un procedimiento para buscar autos robados que encontraron a Vandamme, el primero en caer en julio de 2020, una causa de la UFI N°8 de La Plata, robo y encubrimiento. Ya había sido identificado en aquel entonces: sus teléfonos fueron remitidos a la Justicia federal. La DDI de Morón, mientras tanto, marcaba las conexiones, a pesar de que Vandamme luego negaría todo en su indagatoria y un pedido de ampliación con una coartada incluida.
