lunes 16 de noviembre de 2026
Un individuo acusado de hurto simple

Esperó más de 3 años para que resuelvan su situación legal

La defensa pidió su sobreseimiento por la “garantía del plazo razonable”. El juez Porfirio Acuña hizo lugar.

Por Redacción El Ancasti

Un hombre que había sido imputado por el delito de “hurto simple”, esperó tres años y dos meses para que se resuelva su situación procesal. El hecho sucedió en 2017, en agosto de 2019 la fiscalía solicitó la elevación a juicio de la causa. Su abogado defensor se opuso a la misma y pidió su sobreseimiento basándose en la “garantía del plazo razonable”. En 2020 los recesos extraordinario que impuso la pandemia del coronavirus extendieron aún más los plazos. Finalmente el Juez de Control de Garantías Ramón Porfirio Acuña hizo lugar a la oposición planteada y declaró la “insubsistencia de la acción penal".

Según la instrucción de la causa el 30 de Octubre del 2017, Manuel Alejandro Fernández, alias “Pelao”,  habría ingresado a un domicilio en Fray Mamerto Esquiú, donde se apodero sin ejercer ni violencia de una garrafa. Fue sorprendido por los dueños de la casa  por lo que Fernández se lanzó a un canal de riego para ponerse en fuga, con el elemento sustraído.  Según  la pesquisa 7 horas después del hecho la policía detuvo a Fernández y se recuperó lo robado. 

Fue indagado por el delito al otro día del hecho y  luego de se realizaron trámites ordinarios de toda causa. “Transcurridos casi 1 año y 10 meses de la última medida de instrucción, a pesar de que se trató de un hecho cuya investigación y resolución no demandó más 10 horas, se solicitó el requerimiento Fiscal de Citación a Juicio”, señaló el abogado defensor en la presentación de oposición a la elevación a juicio realizada al juez. 

Asimismo, puntualizó el defensor “que semejante cantidad de tiempo para investigar una causa que no se puede considerar compleja, afecta desde todo punto de vista la garantía de plazo razonable, estándar internacional, cuya naturaleza jurídica descansa en la desazón e incertidumbre de toda persona de estar sometida a proceso sine die”. 

La resolución 
En la resolución el juez Acuña señaló que más allá del tiempo  utilizado por fiscalía para elevar a juicio la causa, “no surge en el expediente que la defensa haya acudido a la queja por retardo de justicia que ofrece opciones procesales válidas para superar la demora del proceso”.  

Y puntualiza que “el plazo total insumido (3 años y dos meses) amerita el tratamiento de la garantía del plazo razonable invocado por la defensa del imputado, a tenor de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, y numerosos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que adopto dicha garantías, como operativas, aún cuando los códigos procesales no lo haya receptados específicamente. 

En efecto a “ juicio de este Tribunal, la inercia de la investigación al dilatar excesivamente el envío a juicio  como así también los efectos de la pandemia no justifica  el derecho de todo imputado a obtener luego de un juicio tramitado en legal forma un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal”.

Finalmente y explica Acuña que si bien el “Código Procesal Penal de Catamarca, no reglamenta la garantía del plazo razonable (...)  no impide naturalmente analizar la procedencia del planteo formulado por la Defensa de Fernández, por cuanto las normas con jerarquía constitucional devienen operativas”. 
Y concluye que “desde una perspectiva procesal, la garantía del plazo razonable constituye un impedimento de previo y especial pronunciamiento que impide proseguir al proceso ante la insubsistencia de la acción penal” por lo que hizo lugar al planteo. n

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