A principios de febrero, un hombre llegó al Juzgado Correccional de Tercera Nominación en libertad para responder por tres imputaciones: tres hechos de “amenazas”, “daño” y “lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja”. El acusado contaba con el asesoramiento de la defensora penal oficial Lorena Pascheta. Los hechos que oportunamente se le endilgaron sucedieron entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. El acusado y la denunciante habían tenido una relación de noviazgo pero sin convivir. Él tenía domicilio en la Capital y ella, en Fray Mamerto Esquiú.
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“Demostró que podía disponer a su antojo de la víctima mujer”
En debate, la mujer ratificó uno de los tres hechos de amenazas –que sucedió en diciembre de 2019-. Luego contó que meses después el acusado le rompió su teléfono celular. La denunciante detalló que él la controlaba y que él creía que había “mensajes de infidelidad”. Sin embargo, la mujer se vio en la necesidad de aclarar que en ese teléfono tenía agendado el contacto del padre de su hijo –que había tenido en una relación anterior-. Cuando la denunciante le reclamó el daño, el acusado la empujó y ella terminó lastimada.
Además, la denunciante recordó otros hechos relacionados con la violencia que su acusado ejercía sobre ella. Contó que su acusado le había llevado su tarjeta de Asignación Universal por Hijo (AUH) y otra documentación. A la vez, manifestó que su acusado la atacaba sexualmente, obligándola a tener relaciones sexuales.
A su turno, el fiscal correccional Víctor Figueroa mantuvo la acusación por un hecho de “amenazas”, “daño” y “lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja”. También, solicitó que se secuestren la tarjeta AUH y la documentación sustraída. El representante del Ministerio Público Fiscal puso atención al testimonio de la denunciante y entendió que pudo haberse ejercido sobre ella violencia sexual. Por ello, peticionó que se remitan actuaciones a la Fiscalía de Instrucción que corresponda y se investigue al imputado por el presunto delito de “abuso sexual”.
El magistrado falló de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y lo condenó a la pena de dos años de prisión en suspenso. Entre otras cuestiones, también ordenó que se lo investigue por el presunto abuso sexual.
En los fundamentos, el juez Herrera remarcó que esta relación de pareja estuvo marcada por un vínculo de dominio-subordinación, producto de la violencia física, sexual, psicológica, con una víctima denigrada como mujer y un agresor encargado de reproducir valores patriarcales. “Demostró, con su accionar reiterado, una pauta de conducta propia de quien se siente, por el solo hecho de ser hombre, un ser superior que podía disponer a su antojo de la víctima mujer, controlándola, agrediéndola, cosificándola a tal punto que la creía predispuesta a satisfacer sus deseos sexuales a toda costa, aun cuando debía usar la violencia para lograr el asentimiento”, precisó.
En este contexto, valoró los detalles que la denunciante dio de manera espontánea. Recordó que era maltratada por el imputado, quien la celaba, la insultaba y obligaba a tener relaciones sexuales; le decía que no le servía, no lo satisfacía sexualmente. Sin embargo, quería tener sexo a toda hora. “La controlaba a tal punto que le revisaba el celular o le exigía que desde donde ella se encontraba, efectuase una videollamada para corroborar dónde estaba.
Estamos frente a un contexto de violencia en donde, si bien los tipos penales tienden a asilar ciertos comportamientos a los fines de encuadramiento jurídico, esta partición no puede hacer perder valor probatorio al integral fenómeno pluriofensivo de la violencia de género en que se vio inmersa la víctima donde se entremezclan diferentes modalidades que incluyeron malos tratos físicos, psíquicos, sexual, amenazas y privación de la libertad”, remarcó.
Por ello, el magistrado coincidió con lo pedido por el fiscal en la necesidad de iniciar una investigación respecto a los sucesos mencionados por la denunciante en la sala de audiencias y que no fueron investigados, relativos a los ataques a su integridad sexual cometidos por el acusado, quien la habría obligado a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento y, por la apropiación de documentación de su propiedad. "Estimo ajustado a derecho ordenar que se extraigan fotocopias de las partes pertinentes y se remitan a la Fiscalía General de la Provincia, a los fines del inicio de una investigación con motivo de la supuesta comisión de delitos contra la integridad sexual cometidos por parte del acusado en perjuicio de la denunciante”, indicó.
