Tras la fuga de Roberto Rejas, un exguardiacárcel condenado la semana pasada a prisión perpetua por el femicidio de su expareja y el crimen de su hijo, causó indignación en la sociedad por el problema de sobrepoblación y fugas que presentan las locaciones carcelarias.
Rojas, que fue acusado por los asesinatos en 2016, se fugó el pasado 27 de septiembre del Cuartel de Bomberos de la capital de Tucumán, donde se encontraba detenido en forma preventiva, a causa de la sobrepoblación que presentan las unidades carcelarias.
Al respecto se refirieron los miembros del Colegio de Abogados de Tucumán, quienes afirmaron que "el caso Rejas ha desnudado una necesidad evidente: la de ampliar las locaciones carcelarias. Y no sólo para garantizar el cumplimiento de las condenas, sino fundamentalmente que el preso pueda, dentro de un espacio adecuado, reformar su conducta para reinsertarse en el futuro a la sociedad”.
“La superpoblación carcelaria se soluciona con más infraestructura edilicia de calidad y no manteniendo las comisarías como centros de detención”, señalaron.
En el comunicado, que fue subido al sitio oficial de la entidad, también se puede leer: “Tucumán hace menos de un mes fue testigo de la muerte de cuatro reclusas a raíz de un incendio en una comisaría, encerradas, en Concepción, que podría haberse evitado si el Estado hubiera tenido una infraestructura carcelaria acorde a las necesidades”.
“Una tarea urgente de los tres poderes del Estado, que en conjunto deben trabajar en seguridad, y en el sistema carcelario hoy colapsado, agravado por decisiones que empeoran la realidad”, sentenció en el documento.
“La desacertada orden impartida por el tribunal integrado por Stella Maris Arce, Alicia Freidenberg y Eduardo Romero Lascano, que condenó al prófugo Rejas a perpetua por el doble crimen, a ser trasladado hasta el cuartel de la Dirección General de Bomberos, carece de lógica. Más aún con la advertencia del propio Jefe de Bomberos, que por nota a los magistrados señaló que el lugar no reunía las más mínimas condiciones de seguridad”, continúa el escrito.
En ese sentido, los responsables de la entidad agregaron que “en un contexto de crisis carcelaria endémica, el tribunal debería haber extremado la seguridad, más, en un preso con sus características y el crimen cometido, enviándolo a un Centro de Detención al efecto, con la custodia y seguridad que carece el Departamento de Bomberos”.
“Tampoco se respetaron normas en la vigilancia (en éste caso a cargo del servicio penitenciario provincial). Hoy, la sociedad tucumana asiste a un escándalo en donde el servicio de seguridad y justicia son puestos en el banquillo, en medio de la indefensión de miles de tucumanos”, concluyó.
