están imputados por "estafa en grado de tentativa"
La Justicia envió oficios al Colegio de Abogados respecto a Ibáñez y Depratiz
Es porque el delito que les endilgan en ocasión del ejercicio de la profesión. El expediente se encuentra en el Juzgado de Control de Garantías para resolver la prescripción planteada por los letrados.
La Justicia envió oficios al Colegio de Abogados en relación con la situación procesal de los abogados Sebastián Ibáñez y Daniel Depratiz, quienes están imputados por el delito de "estafa en grado de tentativa" por, presuntamente, "truchar" una cédula judicial. Según la información a la que accedió este diario, el oficio al Colegio de Abogados fue enviado desde la Fiscalía de Instrucción N°1, en donde se encuentra la investigación del hecho. La medida obedece a que el delito por el que fueron imputados, y ya indagados, lo realizaron en ocasión del ejercicio de la profesión. En paralelo, también se enviaron oficios al Concejo Deliberante de Valle Viejo, desde donde se había solicitado un pedido de informes sobre la situación judicial de Ibáñez.
En ese orden, los ediles habían manifestado en la resolución que el “Dr. Héctor Sebastián Ibáñez cumple funciones y patrocina o representa en diferentes actuaciones al municipio de Valle Viejo ante el Foro local. Que, además, posee una cargo de punto índice en el Ministerio de Gobierno de la Provincia y atento a esto se desconoce el cargo que ocupa y bajo qué situación de revista figura en la Municipalidad de Valle Viejo”.
Puntualmente, los concejales solicitaron a Fiscalía informe “sobre si existe una causa contra el Dr. Héctor Sebastián Ibáñez en la Justicia y de ser así, informe si está imputado y cuál es su situación procesal”.
El hecho
Ibáñez y Depratiz están imputados de los delitos de "estafa en grado de tentativa" y se inició en 2017 cuando ambos magistrados fueron denunciados por el fiscal Miguel Mauvecín, quien se encontraba a cargo de la Fiscalía de Instrucción N°7. Se los sindicó de, supuestamente, haber "falsificado" una cédula de notificación para presionar a un cliente para que pagara una suma de dinero.
Ambos fueron imputados e indagados y tras ese proceso Depratiz interpuso una “excepción de la acción penal”, medida que debe ser resuelta por el Juez de Control de Garantías, en donde se encuentra actualmente el expediente.
Defensa
En su defensa, y a través de una nota enviada a El Ancasti, Ibáñez manifestó que la noticia publicada por este medio "asevera que 'truchamos una cédula judicial', lo cual es falso porque no hay sentencia judicial aún”. Igualmente minimizó el hecho señalando que se trata de “un mero intento de estafa (en grado de tentativa)".
