En la siesta del 9 de septiembre, cuatro chicos compartían una celda en la Alcaidía de Menores, ubicada en Avenida Colón y Mendoza. De repente, la protesta se convirtió en tragedia. Tal vez cansados, molestos o por impulso adolescente, colocaron un colchón en la puerta y lo encendieron. Bastaron minutos para que las llamas causaran estragos; los chicos murieron calcinados con el correr de las horas. Ellos eran Franco Ezequiel Nieva (16), Nelson Alfredo Orlando Molas (17), Nelson Nahuel Fernández (15) y Franco Alejandro Sosa (16).
Por la Tragedia de la Alcaidía, cinco policías fueron imputados Juan Carlos Reyes, Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva,
Adriana del Valle Galván y Carlos Daniel Leiva. Ellos deben responder por el delito de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales”. En octubre de 2014, los fiscales Miguel Mauvecín y Marcelo Sago elevaron la causa a juicio.
En abril de 2015, el juez de Control de Garantías Héctor Maidana confirmó la citación a juicio y la causa ingresó en el Juzgado Correccional de Primera Nominación.
El debate estaba previsto para principios de año, pero los imputados solicitaron la suspensión de juicio a prueba –más conocida como probation-. Fuentes judiciales consultadas por El Ancasti indicaron que esta nueva audiencia estaba prevista para ayer pero, una vez más, debió suspenderse. Según se precisó, dos de los cinco acusados no se presentaron. Dada esta situación, la audiencia se suspendió. Ahora se deberá reprogramar una nueva audiencia. En consecuencia, una nueva dilación.
En octubre de 2018, se había anunciado desde este Tribunal que estaban dadas todas las condiciones para iniciar el debate. Se estimaba que en las semanas venideras, se concretara el debate. A casi nueve años de la tragedia, el debate no se inicia.
Los otros
Además de los cinco policías imputados, las entonces juezas de Menores Figueroa y Ana María Nieto, junto con el subsecretario de Seguridad, Javier Silva, fueron acusados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En septiembre de 2016, el juez de Control de Garantías de Tercera Nominación, Ramón Porfirio Acuña ordenó el sobreseimiento total y definitivo de las exjuezas de Menores Ilda Ligia del Valle Figueroa y Ana María Nieto. En tanto que Javier Silva, exministro de Gobierno y Justicia fue sobreseído por prescripción tras presentaciones de sus abogados.
El Ministerio Público había imputado a las magistradas por el delito de "incumplimiento en los deberes de funcionario público" y tras reunir elementos probatorios útiles para concretar la finalidad y objeto de la investigación penal solicitó el sobreseimiento total y definitivo para ambas exmagistradas. Esto, al no encontrar elementos de probabilidad que exige el sistema para dar base a la acusación.
Amarga espera
“Fue algo muy cruel lo que pasó y no es fácil recordar esto. Sé que a mi hijo no me lo van a dar, pero reclamo para que dejen de golpear (en las comisarías). El Estado me debe el derecho de Justicia. No hay causa que haga justicia. Mi hijo se murió carbonizado, pidiendo justicia por la crueldad con que los trataban en la celda”, había expresado Rosa Yapura, la madre de Nelson Molas, pasados siete años de la tragedia, esperando justicia.
Los acusados y las víctimas
Imputados
Juan Carlos Reyes, Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva, Adriana del Valle Galván y Carlos Daniel Leiva.
Calificación
“Homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales”
Víctimas
Franco Ezequiel Nieva (16), Nelson Alfredo Orlando Molas (17), Nelson Nahuel Fernández (15) y Franco Alejandro Sosa (16).
Sobreseídos
Las entonces juezas de Menores Figueroa y Ana María Nieto, junto con el ministro de Gobierno y Justicia fueron acusados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En septiembre de 2016, el juez de Control de Garantías de Tercera Nominación, Ramón Porfirio Acuña ordenó el sobreseimiento total y definitivo de las exjuezas. En tanto que Silva, fue sobreseído por prescripción tras presentaciones de sus abogados.
