lunes 25 de marzo de 2024
tras el motín en el penal

Nuevo acuerdo con los presos

Por Redacción El Ancasti

BUENOS AIRES- Los presos del sistema federal y nacional junto con el Gobierno, la Justicia y otros organismos acordaron que se clasificará a los detenidos de acuerdo a parámetros que fijó la Cámara Federal de Casación Penal a partir de los cuales podrían obtener la prisión domiciliaria ante el riesgo de contagio del coronavirus.

Se trata de un nuevo acuerdo que firmaron presos de Devoto en representación también de otros internos del sistema federal y nacional, y que tiene como objetivo clasificarlos a los detenidos en subgrupos de acuerdo a lineamientos que fijó la Justicia sobre quiénes estarían en condiciones de obtener la prisión domiciliaria.

Los parámetros los fijó la Cámara Nacional de Casación Penal y la Cámara Federal de Casación como instructivo para aquellos que puedan acceder a la prisión domiciliaria ante riesgo de contagio de coronavirus. De acuerdo a ello, la clasificación se hará sobre presos con riesgo por enfermedades preexistentes o que superan los 60 años y se fijó un número de 1.280 detenidos, algunos de los cuales ya recuperaron su libertad. Los presos que estén con libertad condicional, salidas transitorias ya otorgadas y los que tienen condenas menores a los 3 años o bien lleven con un lapso no mayor a los dos años de preventiva.

Se hará una clasificación, que estiman en más de 6 mil detenidos, y luego cada juez o tribunal que lo tenga a disposición evaluará en cada caso si corresponde o no otorgarle la prisión domiciliaria. Por otra parte, en la mesa de diálogo se comprometieron las autoridades a otorgarles a los detenidos elementos de protección e higiene, parte del reclamo que hicieron aduciendo que estaban desprotegidos frente al riesgo de contagio de coronavirus.

De la mesa de diálogo participaron representantes de los presos, el Gobierno a través del funcionario Mena, la Procuración Penitenciaria Nacional en representación de Ariel Cejas Melliare, la Defensoría General de la Nación, la Procuraduría de Violencia Institucional, y los jueces Daniel Morín y Gustavo Hornos, de la Cámara Nacional de Casación Penal y de la Cámara Federal de Casación Penal, respectivamente.

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