“Cada vez se inician más chicos, entre los 10 a 12 años; es la media y hay chicos más chicos”, indicaron las psicólogas. En diciembre último, el juez Carlos Moreno de la Cámara Penal de Primera Nominación condenó a un joven a la pena de cinco años de prisión. “La raíz de todo esto es tu condición de adicto. Tenés que comprometerte para salir y tratar de rehabilitarte. Por macanas podés sufrir una pena como si hubieses matado a una persona”, fueron las palabras del magistrado en la audiencia.
El joven, que estaba a punto de cumplir 23 años, desde mayo de 2019 estaba privado de la libertad. Debía responder por dos delitos de “robo agravado por el uso de arma” y por “robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa”. En uno de estos hechos, se llevó un paquete de cigarrillos, un encendedor y una gorra. Su familia no lo acompañó en la audiencia y contó que tampoco recibe visitas en el Penal. Admitió que tiene un consumo problemático de sustancias. Recordó que se inició a los 10 años, cuando comenzó a consumir psicofármacos, marihuana, cocaína y pegamentos. Solo terminó la escuela primaria. Se reconoció adicto.
En su fallo, el magistrado ordenó que en el Penal realice un tratamiento y, en función de ello, sea alojado en un pabellón bajo resguardo, para que no pueda consumir. También resolvió que los ministerios de Salud y Desarrollo Social arbitren los medios para que su familia se involucre en el tratamiento y participe en su recuperación. Por último, indicó que debe haber un riguroso control de la pena, a fin de lograr que el tratamiento de rehabilitación tenga éxito.
“Se trata de un joven inmerso en la maraña del consumo de drogas y sin ninguna chance de rehabilitarse, si es que el Estado -a través de sus organismos- no se hace cargo de asistirlo, cumpliendo así con el mandato constitucional que establece que las cárceles son para la rehabilitación y no para el castigo de los reos. Resulta imprescindible e inexorable que el Estado, a través de sus diversos entes u organismos, haga un esfuerzo en pos de rehabilitar a este jovencito. No cabe otra salida que ordenarle al ente público que se involucre en el tratamiento del joven, sea desde el propio Servicio Penitenciario o por intermedio de los ministerios de Salud y Desarrollo Social de la Provincia”, resolvió.
