Condena del Tribunal Oral Federal

Tres años en suspenso por una estafa al Banco Nación de Recreo

También se dispuso el pago de $215.552 por la acción civil y la inhabilitación especial perpetua.
sábado, 18 de agosto de 2018 · 04:08

No estafa quien quiere sino quien puede”, advirtió la fiscal auxiliar subrogante, Natalia Colombo, en su alegato. Pablo Augusto Merep se sentó en el banquillo de los acusados del Tribunal Oral Federal (TOF), imputado por el delito de “estafa en perjuicio a la administración pública”. Los jueces federales Adolfo Raúl Guzmán, Juan Carlos Reynaga y Camilo José Quiroga Uriburu lo hallaron culpable y lo condenaron a la pena de tres años de prisión en suspenso. Además, se dispuso el pago de $215.552 y la inhabilitación especial perpetua. 


El acusado se desempeñaba en un cargo jerárquico del Banco Nación de la sucursal de Recreo, en el departamento La Paz. En febrero de 2012, Merep fue denunciado e imputado por hechos ocurridos entre agosto y octubre 2011. Según la denuncia, Merep realizaba pase de fondos y débitos inapropiados. 


El debate estaba pautado para septiembre del año pasado. En aquella oportunidad, Merep, patrocinado por el abogado defensor Luciano Rojas, había solicitado la ‘probation’. El acusado había ofrecido, en 2014, un pago de $3.000. El TOF no hizo lugar a lo solicitado y se fijó fecha de debate.


La fiscal auxiliar Colombo consideró que el acusado “tenía habilidades” para consumar la estafa. Compañeros de trabajo declararon como testigos y ratificaron que se realizaban las maniobras de pedido de dinero por pedido “del jefe”. “No solo abusó de la confianza sino también de su cargo; tenía personal a cargo”, resaltó. 


Para la representante del Ministerio Público Fiscal, el acusado incurrió a todas las maniobras relacionadas con la estafa. Además, señaló que con esta manera, perjudicó el interés público, dado que se desempeñaba en la función pública y con su accionar vulneró el patrimonio de la entidad bancaria.


Para Colombo, se trató de un hecho de corrupción, con relación al “abuso de poder en beneficio propia” para que se esta manera obtuviera “ventaja económica”, aunque para tal fin “menoscabó el patrimonio público”. A su criterio, Merep “conocía el dolo” de la estafa. Por ello, pidió una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial. 


La abogada María Eugenia Suárez Filipín, en representación de la acción civil, solicitó el pago de $215.552. La suma fue concedida en su totalidad en el veredicto de los magistrados del TOF.


A su turno, el abogado defensor Luciano Rojas solicitó la nulidad y consideró que se vulneró el derecho de defensa de su acusado. También, señaló que se reclama, pero no se precisa un monto de dinero. Para Rojas, no hubo pericias y no se acreditó el ardid ni el perjuicio a la entidad bancaria. Al mismo tiempo, sostuvo que las cuentas no eran del Banco Nación.


En su derecho a réplica, Colombo indicó que se trató de un delito continuado en el tiempo. Finalizada la instancia de los alegatos, Merep no quiso hacer uso de su derecho a la última palabra.


Pasadas las 13.30, los magistrados dieron a conocer el veredicto: culpable en el delito de “estafa agravada en perjuicio de la administración pública”. Se estableció la pena de tres años de prisión en suspenso, la inhabilitación especial perpetua y normas de conducta. 

Sin probation
El debate se había fijado para septiembre del año pasado. En aquella oportunidad, Merep había solicitado la suspensión del juicio a prueba, también conocida como ‘probation’. Sin embargo, el fiscal ante el TOF Rafael Vehils Ruiz se opuso, al considerar que Merep tenía un empleo en la administración pública. Advirtió que la jurisprudencia distingue al ejercicio de la función pública y que en estos casos no se puede acceder al beneficio de la probation. El juez federal, José Camilo Quiroga Uriburu, no hizo lugar al pedido de probation. En su fundamentación, el magistrado remarcó que la conducta reprochada a Merep habría sido llevada a cabo en ejercicio de la función pública, mientras revestía la calidad de funcionario público, como contador del Banco de la Nación Sucursal Recreo, La Paz. “La calidad de funcionario público del imputado es una valla a su otorgamiento, por revestir la categoría de Jefe de Operaciones, cargo jerárquico dentro de la estructura bancaria”, explicó.

 

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