Por disposición de la Jefatura de la Unidad Regional 1, se desarrolla un “censo” que debe llevar a cabo la policía provincial que tiene como objetivo desarrollar insólitas tareas de inteligencias sobre la sociedad civil.
Por disposición de la Jefatura de la Unidad Regional 1, se desarrolla un “censo” que debe llevar a cabo la policía provincial que tiene como objetivo desarrollar insólitas tareas de inteligencias sobre la sociedad civil.
A través de planillas distribuidas en las distintas comisarías, se les exige a los efectivos, por ejemplo, que identifiquen los domicilios de los funcionarios públicos, las actividades “extras” que desarrollan las iglesias, orientación política de los centros vecinales y de los punteros políticos y los alumnos de establecimientos escolares con problemas de conducta, por ejemplo.
Las instrucciones van en contra de la Ley de Inteligencia nacional 25.520, que en su artículo 4, Inciso 2, consigna que está prohibido "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".
En el caso de los funcionarios las planillas deben consignar el nombre y apellido, cargo, domicilio, partido político al que pertenecen y teléfono de contacto. En el caso de los “líderes sociales”, deben apuntarse nombre y apellido, dirección, partido político al que responden, las actividades que realizan y un teléfono de contacto.
Se desconoce el propósito de estas tareas de inteligencia sobre la sociedad, pero ya hay malestar entre el personal policial que debe asumir estas tareas.