En menos de un año, 10 policías catamarqueños fueron denunciados por violencia de género por sus parejas. Por disposición de la Jefatura de esta fuerza se dispuso el pase a disponibilidad. Al margen de esta medida, avanza la causa penal. Una de las psicólogas del equipo técnico de la Policía de la Provincia consultada por El Ancasti remarcó que el avance de la violencia en la fuerza es multicausal y avanza tan rápido como en la sociedad misma.
Según la profesional, se realiza un trabajo minucioso de las personas que ingresan a la institución. “En este momento no contamos con un gabinete clínico que realice la parte asistencial. En la Provincia nunca hubo un gabinete clínico, aunque se lo pidió porque aquellos policías que cometen una infracción o padecen alguna patología o atraviesan por una situación coyuntural en la familia en general se derivan. En el caso de violencia, se evalúa, una valoración de su situación, y si amerita derivamos a un colega en algún centro asistencial”, explicó.
Además, indicó que el personal policial tiene un alto impacto en relación con el estrés. Por ello se hace un trabajo de prevención, aclaró. Una persona adecuadamente seleccionada y con adecuado entrenamiento disminuye los márgenes de trabajo inadecuado y el impacto sobre la salud mental, aseveró.
Con el objetivo de disminuir el impacto negativo del rol altamente estresante -la función policial es una de las principales que desencadena patologías relacionadas con el estrés- se implementaron talleres para fortalecer los factores protectores que cada individuo tiene y disminuir los riesgos laborales, comentó. Estos talleres se enmarcan dentro de la formación del personal policial en los oficiales y suboficiales dentro de los cursos de ascenso y en los cadetes.
“Hubo un incremento y va de la mano con el incremento de la violencia en general. La Policía no es ajena a las situaciones sociales y a las estadísticas. Hay que ser muy cuidadosos con la persona que porta arma y con un funcionario público de quien se espera otra actitud. Constantemente estamos en contacto con la Subsecretaría de Salud Mental. Este año implementamos tareas en conjunto para favorecer estos factores protectores que innatamente el sujeto tiene y que se incrementan con el entrenamiento”, contó.
Igualmente remarcó que la conducta violenta es multicausal. Ante esta situación consideró que se debe pensar en el impacto que hay en la sociedad, las condiciones laborales del personal policial, la dificultad en sostener los vínculos familiares; las relaciones familiares que en lo cotidiano una persona mantiene, para un policía es difícil porque las cargas horarias son elevadas, porque se suman los adicionales (que es una decisión personal), los traslados, el acontecer laboral está relacionado a muchos hechos de violencia, detalló.
“Hacemos hincapié en una adecuada selección del personal y en el entrenamiento también porque hace que la persona sea resistente a estas condiciones laborales. Si se realiza un análisis multicausal de la situación, no solo depende de condiciones individuales sino también está relacionado con condiciones institucionales e históricas. El impacto en los medios por un policía que cometió una situación de violencia de género tiene un doble impacto porque porta arma en nombre del Estado y esto es peligroso. Es una situación que hay que trabajar con mucha minuciosidad y multidisciplinariamente. En estos casos se sugiere la retención del arma. En los casos de violencia, el tratamiento es individual; el trabajo de servicio social de la Policía realiza un seguimiento de la situación familiar porque sabemos que hubo o hay un arma dentro de esa familia. Tomamos todos los recaudos de prevención”, aseveró.
Por último, remarcó que ante cualquier situación, sea violencia de género, apremio, violencia callejera cuando están de civil o en vida privada en alguna situación en la calle, se inicia sumario, se pide la evaluación psicológica y de nuevo esa persona es evaluada, más allá de la evaluación del ingreso.
Esfuerzos con Nación para mermar casos
Por su parte, Marisa Nasimoff Fresco, subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hace unos días se reunió con el coordinador de Seguridad, Luis Sánchez; el jefe de la Policía, Orlando Quevedo, y el director del Servicio Penitenciario, Daniel Romero, con la idea de articular un trabajo de capacitación con la fuerza para que existan menos situaciones judiciales. “Se reconoció que hace falta capacitación y que quien está dentro del uniforme es una persona. A nivel nacional, en el área de Defensa, se reconoció que hay muchos ofensores dentro de la fuerza. Estamos en diálogo para implementar un dispositivo que aborda a los ofensores dentro de la fuerza”, contó.
Desde Derechos Humanos se dictan talleres con ofensores o personas con conductas ofensivas o agresivas dentro de la Ley de Protección Integral de la Mujer. Si hay una causa por daños, hostigamiento, amenazas o discriminación contra una mujer, cometido por un hombre o una mujer el juez puede disponer que participe dentro de un taller, explicó. “Este curso consta de 13 encuentros; es una experiencia que viene de España y que se está replicando en el predio de la ex ESMA y estamos viendo si se puede aplicar en Catamarca, detalló.
