No provocó sorpresa que dos personas fueran arrestadas por las maniobras irregulares para conseguir las licencias de conducir. Pese a que el caso salió a la luz el lunes, este tipo de prácticas ya se venían llevando a cabo desde hace años, pero no se habían radicado denuncias ante la municipalidad ni la Justicia.
Fuentes ligadas a la investigación le confirmaron a El Ancasti que el profesor de Educación Vial, René Patricio González (42) y el joven de apellido Iramaín (27) quedaron detenidos e imputados por el delito de "cohecho". La causa fue girada a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública y quedó a cargo del fiscal de instrucción Marcelo Sago, quien indagará a los sujetos en las próximas horas.
González, un empleado municipal de 25 años de trayectoria, se había desempeñado como Administrador de Tránsito. En tanto que el coautor, Iramaín, estuvo detenido en enero luego que se realizara un allanamiento en su casa y se secuestraran moto partes que habrían sido robadas.
Otros casos
De los trabajos de inteligencia realizados por la Policía, surgió que habría otros casos similares pero que aún no se podían avanzar, ya que no habían sido denunciados y los supuestos autores no estaban identificados.
La pesquisa realizada en forma silenciosa por la División Investigaciones se abrió hace dos semanas tras la inquietud de una ciudadana que le llamó la atención un aviso en Facebook en el que vendían las licencias para conducir. Advirtió de ello a la secretaria de Protección Ciudadana, Sylvia Jiménez quien radicó la denuncia en la Unidad Judicial Nº7 y se le dio participación a Investigaciones.
Con un falso perfil de usuario se contactaron con Iramaín, quien les había manifestado que el trámite para conseguir la constancia costaba $300. La cita fue realizada para el lunes a la siesta en el ingreso al CEL en donde el sujeto recibió el dinero y luego lo puso en contacto con González, quien hacía entrega de la licencia. Tras consumarse la maniobra, los uniformados intervinieron y arrestaron a ambos para luego trasladarlos hasta la base de Investigaciones, en calle Tucumán al 800.
En el marco de la causa quedaron secuestrados tres teléfonos celulares y un certificado de curso aprobado.
La causa estuvo en un primer momento en manos de la fiscal Myrian López, pero al comprobarse que se trataba de una conducta que perjudica al Estado, las actuaciones fueron giradas a la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Administración Pública.
El cohecho está previsto en el artículo 256 del Código Penal y estipula una pena que va de uno a seis años para los funcionarios públicos que reciban dinero o dádivas para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.
