La Justicia local investiga las supuestas irregularidades cometidas por funcionarios del Ministerio de Educación que habrían obligado a retomar sus actividades a una docente del nivel primario que estaba con tareas pasivas, las cuales contaban con las autorizaciones emitidas desde la Junta Médica.
El caso fue denunciado en Fiscalía Penal por la docente, quien debió recibir asistencia médica y psicológica. La presentación se realizó en contra de la supervisora Beatriz Carabús y el director de Nivel Primario Privado, Fabián Herrera. La causa se tramita en la Fiscalía de Instrucción N° 2, a cargo de Mauricio Navarro Foressi, quien solicitó informes al Ministerio de Educación a los fines de determinar si es que dichos funcionarios habrían incurrido en el delito de "incumplimiento en los deberes de funcionario público".
Según la presentación judicial a la que tuvo acceso El Ancasti, la supervisora Carabús habría emitido una circular en la que obligaba a retornar a dictar clases a una docente, pese que hace ocho años está con tareas pasivas definitivas, emitidas por un dictamen de la Junta Médica. Lo más llamativo de la resolución de la funcionaria es que el pedido se efectuó cuando restaban diez días para la finalización del ciclo lectivo.
Según trascendió, esta circular habría afectado también a otros docentes que estaban en idéntica situación.
La denunciante ofreció como prueba un informe de la Dirección de Recursos Humanos en la que se puso en conocimiento a las autoridades de nivel sobre la renovación de las tareas pasivas emitidas por la Junta Médica.
