El pasado 17 de noviembre, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán condenó al ex juez federal Felipe Terán a la pena de cinco años de prisión y se lo inhabilitó durante 10 años. Para los jueces Gabriel Casas, Alicia Noli y Juan Carlos Reynaga, Terán es culpable y responsable del delito de “enriquecimiento ilícito en su condición de juez federal”. También dispusieron el decomiso de los efectos provenientes del delito por la suma de $1.693.213. A fin de hacer efectivo el decomiso, se resolvió la inhibición general de los bienes del ex magistrado por el monto de $1.693.213.
De acuerdo con la fundamentación de la sentencia, a la que El Ancasti tuvo acceso, existió un “incremento espurio en el patrimonio de Federico Felipe Terán en el período de 1999 a 2005”, en el que se desempeñó como juez federal, sin que pudiera justificarlo. Los camaristas del TOF tucumano indicaron que Terán no justificó el incremento patrimonial que obtuvo en esos seis años, mientras se desempeñaba como juez federal Nº 2 de la provincia de Tucumán. Terán también había sido magistrado federal en Catamarca. “La pericia efectuada por el cuerpo de peritos de la CSJN -con participación de ambas partes- arrojó como resultado un incremento patrimonial de $550.725,31 en el período señalado. Lo que actualizados por el mismo cuerpo pericial interviniente, con la tasa activa del Banco de la Nación Argentina -conforme decidió el Tribunal por mayoría-, alcanza la cifra de $1.923.795,31”, precisaron.
El ex magistrado había asegurado que obtuvo esos ingresos por alquileres de inmuebles que tenía fuera de la provincia de Tucumán, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y San Clemente del Tuyú, provincia de Buenos Aires. Los camaristas resaltaron que las pericias señalaron que Felipe Terán “no justifica el incremento patrimonial ni los consumos personales y familiares durante el período solicitado”.
“¿Por qué no presenté antes los papeles que hoy agrego al proceso? Porque me ataron de manos: nadie me los requirió. Antes de ser juez (en 1995) ya tenía plata: fui lustrín a los 13 años en la puerta del casino y no me avergüenzo. El supermercado, el bar, la disquería, los estudios jurídicos, los departamentos y los taxis no me cayeron de arriba… Y había muchas cosas más: recibí automotores de parte de los clientes. Si no tenían para pagarme, no los apretaba. Yo sí fui un abogado exitoso, no sé para qué me metí en la Justicia si me iba bien”, expresó Terán en la primera audiencia del debate en su contra.
Condena Además, los camaristas remarcaron en los fundamentos que según la conducta de Terán y la calificación legal endilgada en su contra, la cual fuera debidamente comprobada a lo largo del juicio oral y público seguido en su contra, el monto de pena privativa de la libertad impuesta -cinco años de prisión- debió ser de cumplimiento inmediato a partir del veredicto condenatorio a los fines de neutralizar el entorpecimiento del proceso y el peligro de fuga del condenado con sentencia no firme. “Repárese, que la decisión condenatoria por mayoría respondió en imponer al condenado la pena privativa de la libertad de cinco años de prisión efectiva con distinta modalidad de cumplimiento”, se señaló. Para el TOF tucumano, se tuvo en cuenta la existencia de riesgos procesales para resolver el inmediato alojamiento del acusado Felipe Federico Terán en el Servicio Penitenciario, “pues hace presumir que, de seguir en libertad, el imputado podría intentar eludir el cumplimiento de la pena impuesta en su contra”, se advirtió.
Antecedente En 2014, el TOF tucumano lo encontró culpable por el delito de “maniobras delictivas con títulos de la deuda pública” y fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso y a seis años de inhabilitación para ejercer como abogado. El ex juez federal tuvo su última palabra en la que se expresó inocente y manifestó: "A alguien le toqué los talones con mi denuncia". Esta condena se hacía efectiva una vez que quedara firme.
El ex magistrado había sido destituido por mal desempeño y luego condenado por maniobras con títulos. Con este veredicto, ayer se convirtió en el primer funcionario de la provincia de Tucumán juzgado por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.
