Sebastián Vergara, uno de los abogados de la querella que representa a las madres artesanas Pamela Romero y Fabiana Orellano, confirmó que el 19 de agosto pasado solicitó a fiscalía General que imparta las directivas al fiscal Mauricio Navarro Foressi a fin de que aplique las orientaciones y estándares internacionales para investigar el delito de tortura, atento a la gravedad de los hechos sucedidos el 29 de mayo pasado, pero hasta el momento no les respondieron. La oposición se habría realizado formalmente el 7 de agosto al fiscal instructor, ya que se imputó a la oficial involucrada el delito de severidades, situación que para ellos significa una "aberración jurídica", a la para que señalaron otras supuestas irregularidades.
En diálogo con El Ancasti, Vergara explicó que hasta el momento solo fue imputada la oficial Yasmín Moya, por los hechos sucedidos el 29 de mayo pasado, cuando las artesanas denunciaron haber sido golpeadas y picaneadas por al menos 7 efectivos de la comisaría seccional primera.
"Una de las chicas, cuando se hizo la rueda de reconocimiento señaló y le dijo al fiscal que en ese lugar estaba otro policía que participó de lo que les pasó, pero el fiscal no le prestó atención. El recurso de Hábeas Corpus que presentamos al Juez Porfirio Acuña fue rechazado, pese a que ellas siguen viendo a estos policías en la calle", señaló Vergara.
Para el abogado, la fiscalía hasta el momento no hizo lo que debía.
"Nosotros pedimos que la situación se investigue, porque en el hecho participaron al menos 7 policías más. Además, denunciamos que a una de las chicas le robaron el celular, con el que filmaba a los policías el día del procedimiento, pero Navarro Foressi nunca señaló la imputación por robo ni solicitó allanamientos en la casa de los policías", explicó.
Asimismo, mencionó que tampoco se ordenó el secuestro de las imágenes de las cámaras de seguridad de la comisaría y tampoco la búsqueda de las picanas que las víctimas mencionaron a la hora de denunciar que fueron los elementos con las que fueron torturadas", dijo.
Es por esto que "nos opusimos a la actuación de la fiscalía que imputó solo a la oficial Moya por una figura menor (severidades), cosa que es una aberración jurídica ya que la denuncia es clara cuando habla de la aplicación de picana eléctrica, además que el informe médico prueba que fueron objeto de golpiza sistemática y no de meras severidades".
En tanto agregó que "Pamela denunció además que el médico policial no la revisó correctamente y cuando ella intentó hablar con él, el profesional le respondió: 'Yo no tengo nada que hablar con usted', por lo que es denunciado también, pero nada pasó con eso", mencionó indignado.
Tras la imputación de la oficial, el 13 de junio pasado y pese a las constantes presentaciones de la querella, la causa permanece inmóvil. Esta situación preocupa a los abogados, ya que en base a lo que relataron solo mostraría que la justicia no quiere investigar el caso de manera adecuada, beneficiando a los policías.
"Hubo privación ilegítima de la libertad, tortura, tratos degradantes, robo, violencia de género, indefensión y otras cosas aberrantes que vivieron estas dos madres y pese a las leyes que las amparan la Justicia no hace nada", concluyó.
