La Justicia imputó por el delito de "administración fraudulenta" a las ex autoridades del Colegio de Psicólogos de Catamarca. La investigación penal se inició tras la denuncia realizada el 15 de agosto pasado por el abogado que representa a las nuevas autoridades.
La causa se encuentra a cargo del fiscal Juan Pablo Morales, quien ordenó medidas inmediatas tras contar con la denuncia. En este sentido, según confirmaron fuentes judiciales, las imputaciones habrían sido realizadas en las últimas horas de ayer tras el análisis de todos los elementos de prueba reunidos.
Según trascendió, en la denuncia, radicada en la Unidad Judicial Nº2, el abogado que representa a la actual presidenta de la institución, María Soledad de la Barrera, radicó la acusación contra las ex autoridades del Colegio, Mercedes Salado y Carolina Álvarez. En la denuncia, el letrado señala que en base a un informe de auditoría encargado por la gestión actual, "se acreditó una serie de gastos y erogaciones que evidencian un desmanejo y una violación de los deberes que según la ley 40.24 debe cumplimentar el consejo de administración o directivo, a los fines de custodiar los bienes del Colegio, situación que no fue observada en la gestión presidida por la señora Mercedes Salado", según reza parte de la denuncia a la que tuvo acceso este diario.
Según se conoció, el fiscal habría solicitado el informe realizado por el auditor y en paralelo que éste ratifique con su firma dicho informe. Esos resultados fueron dados a conocer por este medio en marzo pasado, cuando se conocieron los resultados de tal auditoría.
En esa auditoría, el contador Marcos David Kon realizó un detallado informe de los gastos realizados por la conducción saliente. En él se detectaron gastos sin la debida factura y gastos en órdenes de pagos sin la aprobación de la autoridad pertinente. Entre lo más grave que se observó en tal informe es que la presidenta Mercedes Salado firmó órdenes de pago de sus propios honorarios.
En la misma auditoría se habría reflejado que la presidenta realizó un préstamo a un profesional quien no presentó facturación al Colegio. Otra de las anomalías es que el Colegio de Psicólogos pagó pasajes, que serían al sur del país, sujetos a devolución a tres personas que no era matriculados sino sus familiares.
El fiscal Juan Pablo Morales imputó a ambas el delito de "administración fraudulenta" y las llamaría a indagatoria en los próximos días.
