A pedido del abogado que representa a las artesanas Pamela Romero y Fabiana Orellano, el fiscal Mauricio Navarro Foressi concretará una reconstrucción de la detención ilegal y posterior tortura de las mujeres vivida el 29 de mayo de este año. En diálogo con El Ancasti, Pamela confirmó que se hizo lugar a la medida pero aún falta que se expida en cuanto a que no haya personal policial en el lugar y se puedan conseguir psicólogos que las acompañen en ese proceso "traumático". La medida sería un hecho inédito por un caso de esta naturaleza.
La joven señaló que el pedido fue concretado por Sebastián Vergara, el abogado que las representa. En él se solicita que se realice una reconstrucción de lo vivido por ambas durante la tarde del 29 de mayo pasado, cuando fueron "arrestadas" por efectivos motorizados y de la Comisaría Primera. "Nos explicaron que vamos a hacer todo el recorrido e ingresar luego al lugar para señalar en dónde nos picanearon y torturaron y cuántos eran", explicó.
La joven confesó que para ellas, que permanecen encerradas y con miedo desde sucedieron los hechos, es algo "muy traumático" y que por esta razón también se pidió que haya psicólogos en el lugar que puedan contenerlas sobre todo para ingresar a la comisaría. En este contexto, contó que el fiscal estaría buscando profesionales que puedan ayudarlas.
Asimismo, pidieron que en el lugar no hay efectivos de policía observando o controlando, pero sobre esta cuestión el fiscal no se habría expedido.
Pamela recordó que hace dos meses Vergara solicitó que la calificación del hecho cambie por el de tortura, pero habrían negado esta posibilidad e imputado solo a una de las participantes por el delito de severidades.
Asimismo, mencionó que por rumores conoce que ésta única imputada aún estaría prestando servicios, pero en el interior de la provincia.
La mujer, quien recordó que se utilizaron elementos de tortura contra ellas (fueron picaneadas en sus zonas íntimas), se mostró disconforme con la imputación fiscal y manifestó su deseo de que la justicia deje de proteger a los policías.
En este contexto, mencionó las decenas de convenciones a las que Argentina adhirió y tienen rango constitucional, por lo que pesan más que el Código penal utilizado por el instructor.
Aún no habría fecha definida para realizar la inspección judicial.
