El dueño de un inmueble que fue usurpado en Santa María y pidió el apartamiento de la causa del fiscal Marcelo González, por entender que hubo "inacción judicial", fue desmentido por el propio González, quien aclaró la situación de la investigación.
En diálogo con El Ancasti, González remarcó que la causa en diciembre pasado recién dejo de ser tramitada en la Justicia Civil, y en base a lo dispuesto por ella, la fiscalía realizó los pasos correspondientes al desalojo de la finca usurpada.
La presentación fue realizada ayer en la Procuración General por el ciudadano tucumano Felipe Salas Piscitelli, quien está asesorado por el abogado Gustavo Morales.
Según le explicó el damnificado a El Ancasti, en febrero de 2012 el Juzgado Civil hizo lugar a la "acción de reivindicación" iniciada por Salas Piscitelli en contra de María Everilda Moya. El fallo ordenaba que la demandada "desocupara el inmueble". Esta resolución fue apelada ante la Cámara y el tribunal de Alzada, en mayo de 2013, le dio otro revés a Moya. Con la sentencia definitiva, el Juzgado santamariano dispuso que en noviembre se realice la toma de posesión del inmueble en conflicto.
Sin embargo, esto no pudo llevarse a cabo, ya que según afirmó Salas en su presentación ante la Procuración, familiares de Moya irrumpieron en el terreno con vehículos del municipio.
En ese sentido, el damnificado radicó la denuncia penal por el delito de "usurpación".
