Ordenan investigar al ex juez Santiago Olmedo de Arzuaga

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero lo había sobreseído. Casación ordenó investigarlo.
4 de agosto de 2012 - 00:00
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó investigar la participación de dos ex magistrados de Santiago del Estero en delitos de lesa humanidad cometidos en 1975 y 1976. Se trata de Arturo Liendo Roca y Santiago David Olmedo de Arzuaga (juez que presidió el tribunal que condenó a Guillermo Luque y Luis Tula en el caso María Soledad), quienes podrán ejercer el derecho de defensa del que no gozaron las víctimas del ahora condenado Musa Azar, a quien en pleno terrorismo de Estado visitaban en su oficina de la Dirección de Informaciones de la Policía provincial, a metros del sótano donde estaban los cautivos torturados que pedían sin suerte ser escuchados. Así fue publicado ayer en Página 12.



Cabe señalar que la medida se ordena dos meses después de que el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero los sobreseyera porque los delitos estaban prescriptos, la Sala IV de Casación estableció que se trata de crímenes de lesa humanidad, por ende imprescriptibles. Los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos calificaron la actuación de los ex magistrados como piedra basal de la impunidad de los represores santiagueños y compararon el rol del Poder Judicial durante la dictadura con la judicatura de la Alemania nazi. Olmedo de Arzuaga fue fiscal y luego juez federal de Santiago del Estero, antes y durante la dictadura.



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La causa para investigar a los ex magistrados está abierta desde 2004, pero el Poder Judicial santiagueño los sobreseyó en sus distintas instancias. La última negativa a investigar a la propia corporación fue el 2 de junio: el Tribunal Oral Federal integrado por jueces subrogantes admitió las pruebas de no haber investigado las denuncias de los detenidos, pero consideró que los delitos de juez y fiscal no podían calificarse como de lesa humanidad porque habrían sido aislados y no sistemáticos.



Apelaron el fallo el fiscal general Gimena y los abogados Julia Aignasse por la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Familiares de Detenidos-Desaparecidos y ex presos políticos de Santiago del Estero y el Comité para la Defensa de la Salud de la Ética y los Derechos Humanos (Codesedh), y Bárbara Llinás Mathieu por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ante Casación mantuvo el recurso el fiscal Raúl Pleé, que denunció la arbitrariedad del fallo y acusó a los ex jueces de encubrimiento, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.



A partir de los testimonios de la causa, el juez concluyó que las denegaciones al acceso a la Justicia denunciadas fueron, justamente, piedra basal de la impunidad con la que se movieron los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos. La omisión de actuar de juez y fiscal resulta paradigmático de lo que constituye aquiescencia de las autoridades en la comisión de crímenes contra la humanidad, agregó, y destacó el trato directo y sostenido que, en ejercicio de sus funciones, presuntamente mantenían Liendo Roca y Olmedo de Arzuaga con Musa Azar, Miguel Tomás Garbi y Ramiro del Valle López Veloso, condenados por sus crímenes dos años atrás.





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