El Ancasti recabó testimonios que cuestionan duramente el desempeño del fiscal Marcelo González. Lo acusan de hacer la vista gorda en algunas causas, y de ser arbitrario en otras. El jefe de despacho de esa fiscalía está denunciado por encubrir delitos.
SANTA MARÍA (enviados especiales) - Las más de 800 firmas que acompañaron el pedido para someter a un jury de enjuiciamiento al titular de la Fiscalía de Instrucción de la cuarta circunscripción judicial, Marcelo González, es el resumen de un sentimiento de total malestar, disconformidad y desconfianza de parte de la población santamariana en torno al desempeño de los funcionarios judiciales de esta jurisdicción. El Ancasti entrevistó a varias de las personas que sintieron vulnerados sus derechos ante el trabajo de los funcionarios judiciales, y recabó datos de causas cuya investigación está ensombrecida por supuestas irregularidades.
Aunque también fue solicitada una entrevista formal en reiteradas oportunidades con el titular de la Fiscalía para obtener una respuesta a las denuncias y cuestionamientos, prefirió mantenerse en silencio, aunque luego en una charla informal defendió su tarea (ver aparte), sin acceder a un interrogatorio.
Dos casos emblemáticos que están a la cabeza de los cuestionamientos son la muerte del joven Claudio Fajreldine, que fue archivada por el juez Julio César Acuña. El hecho ocurrió en mayo de 2001 y las principales sospechas indican que fue víctima de agresiones por parte de la policía que lo arrestó a la salida de un boliche. Ningún oficial fue imputado en esa causa y oficialmente se aseguró que el joven murió como consecuencia de una afección cardíaca congénita, aunque hay informes médicos que contradicen esta hipótesis.
El otro hecho es la muerte del menor Matías Cruz, ocurrida en febrero de 2005, que fue arrollado por un vehículo que nunca fue identificado, y mucho menos su conductor. La madre del joven, al igual que la madre de Fajreldine, cuestiona que la investigación estuvo viciada de irregularidades para proteger a un policía que sería autor del hecho. En ambas causas la investigación quedó estancada y los responsables, impunes.
Pero otros hechos apuntalan las sospechas de que las investigaciones en Santa María no prosperan cuando se ven involucrados uniformados e incluso funcionarios judiciales.
Denunciante detenida
Un hecho de estas características fue el que vivieron Silvana Flores y su hermana el año pasado, quienes tienen un local de venta de ropa en el centro de Santa María. Según narró la comerciante, durante una inspección de la Dirección de Comercio por una infracción en la exhibición de los precios de la mercadería, labraron un acta que se negaron a firmar porque era irregular. Y hasta le impidieron que firmara asentando la disconformidad.
Luego, cuando la hermana fue a denunciar el atropello, se presentó en la Comisaría el fiscal; estaba reunido con los inspectores y con la policía y el oficial a cargo salió y le dijo que no tenía derecho a ninguna denuncia y la dejaron detenida 24 horas, recordó. Luego, cuando hicieron finalmente una denuncia por amenazas en contra de un oficial de la policía, la misma fue archivada en la Fiscalía y nunca prosperó. Hay gente que tiene miedo, que le pasan cosas como éstas pero tienen miedo de hablar, por eso hay una injusticia tremenda acá en Santa María, sostiene Flores, quien aún no encuentra explicación para que se haya actuado con tanta saña y que el fiscal haya ordenado detener a mi hermana cuando fuimos nosotras víctimas de un atropello.
Distinta actitud tuvo el fiscal con un joven identificado como José Manuel Arnero, que apuñaló a la mujer que tenía una relación con su padre, provocándole una severa herida que aún hoy tiene secuelas. La víctima, Antonia Zúñiga, narró que la agresión fue porque el joven se oponía a su relación. Y el día del hecho, Arnero ingresó por la fuerza a la vivienda de la mujer, en la localidad de San José, y le asestó una puñalada. Arnero fue arrestado pero en menos de tres horas estaba en libertad.
Otro caso de abusos policiales fue el que sufrió el joven Diógenes Mena, quien hace más de 8 años y medio fue víctima de una golpiza por parte de uniformados que lo arrestaron y le provocaron la pérdida de un testículo. En la causa, que fue elevada a juicio oral recién el año pasado, hay un policía de apellido Yapura imputado. Pero sin embargo, en el informe de un sumario administrativo firmado por el oficial Víctor Hugo Reinoso apunta a otros uniformados que habrían participado en el arresto del joven Mena, de apellidos Cancinos y Mena. Y además recomienda la investigación de los comisarios Mercado y Ríos. Sin embargo, la causa prosperó en contra de un solo uniformado, con lo que el resto de los presuntos involucrados permanecen impunes. Otro accidente impune
Juan Costilla perdió a su padre, Ángel Rafael Costilla, víctima de un accidente de circulación ocurrido en diciembre de 2005 que también permanece impune. El hecho ocurrió a 50 metros del puesto caminero de Santa María, sin embargo, nunca se pudo encontrar al responsable de la muerte. Los testigos no quisieron declarar, pero nosotros por averiguaciones que hicimos, supimos que ese camión estuvo detenido en la localidad de Caspichango, pero por algún motivo no lo detuvieron al conductor, narró Costilla, quien manifestó tener sospechas de que hubo irregularidades en la investigación. Nosotros queríamos ver el expediente y en la policía me decían que estaba en la Fiscalía, y en la Fiscalía que estaba en la policía, y nunca lo encontraban, señaló.
Encubridor
El jefe de despacho de la Fiscalía de Andalgalá, Francisco Albarracín, fue denunciado penalmente bajo el cargo de encubrimiento. Sin embargo, nunca fue apartado y sigue trabajando en la Justicia y teniendo acceso a los expedientes en los que está involucrado.
Albarracín es dueño de una firma llamada Servicios Generales Santa María, donde compra y vende chatarra. Allí, el ciudadano Nelson Cabeza encontró restos de las piezas de un tractor que le habían sido robadas en el interior de su finca, 48 horas después del hecho. Sin embargo, cuando Albarracín fue interrogado al respecto, dijo que no recordaba a quién se los había comprado, y la investigación para hallar al culpable no avanzó. El damnificado cuestionó esta situación y denunció penalmente al funcionario, quien sin embargo sigue trabajando a la par del Fiscal que debería investigarlo. Otros testimonios indican que Albarracín sería prestamista, como el del comerciante Luis Ramón Medina, que aseguró que fue citado en la misma Fiscalía para recibir un préstamo de dinero.
El funcionario también está involucrado en un hecho de corrupción denunciado por la Municipalidad, ya que durante la gestión del intendente Julio Lagoria tuvo la concesión de una planta de tratamientos de residuos bajo una cooperativa fantasma. Así lo denunciaron el director de Planificación y Control, Rubén Pereyra, y el director de Rentas de la comuna, Milton Villafáñez. Los funcionarios cuestionaron que aunque hay demandas cruzadas luego de que, por las irregularidades descubiertas en el contrato por el cual la comuna pagó 290.000 pesos, es el mismo Albarracín el que interviene tomando testimonios en las causas, aún cuando es parte interesada.
