14 de mayo de 2026 - 10:54
En Ensayo sobre la ceguera, José Saramago imagina una sociedad que pierde súbitamente la vista. Pero la tragedia no consiste solamente en la ceguera física, sino en algo mucho más profundo: la incapacidad colectiva para reconocer el deterioro moral que avanza mientras todos continúan creyendo que todavía ven. Quizá por eso la novela resulta hoy tan inquietante. Porque hay épocas donde las sociedades no se derrumban por falta de recursos materiales, sino por una lenta y decadente degradación de su capacidad de comprender la realidad.
No porque se hayan cerrado universidades ni porque los libros hayan desaparecido de las bibliotecas, sino porque lentamente comenzó a instalarse una sospecha contra el pensamiento mismo. Una desconfianza hacia todo aquello que no produzca ganancias inmediatas. Una hostilidad difusa contra la reflexión, la investigación, la ciencia, la lectura crítica y el conocimiento complejo. Como si estudiar fuese una forma de ingenuidad y no una herramienta elemental para comprender el mundo.
Entonces emergen las preguntas. Preguntas veloces, repetidas hasta el cansancio en redes sociales, canales de televisión y conversaciones de sobremesa, donde la opinión suele circular mucho más rápido que la información. ¿Cuánto cuesta mantener universidades? ¿Por qué financiar carreras “sin salida”? ¿Por qué sostener estudiantes extranjeros? ¿Por qué pagar salarios universitarios? ¿Por qué invertir recursos en jóvenes que abandonan? ¿Por qué sostener investigaciones que aparentemente “no sirven para nada”? ¿Por qué financiar ciencias sociales, filosofía o historia en medio de una crisis económica?
Las preguntas parecen razonables. Y justamente allí reside su eficacia. Porque detrás de esa aparente racionalidad económica comienza a construirse otra cosa: la idea de que el conocimiento debe justificar permanentemente su derecho a existir.
En la Argentina de hoy, incluso la coherencia parece haberse vuelto disruptiva. Sostener datos verificables resulta provocador. Pedir análisis certeros suena elitista. Recordar a priori que una universidad no es una empresa sino una institución pública destinada a producir conocimiento parece, para algunos, una extravagancia ideológica. La “normalidad” se volvió extraña. Y quizás ése sea uno de los síntomas más delicados de esta época: la ignorancia ya no aparece como una limitación, sino como una identidad orgullosa, ruidosa y muchas veces celebrada como legítima.
El filósofo Byung-Chul Han sostiene que las sociedades contemporáneas ya no necesitan censuras brutales para empobrecer el pensamiento. Basta producir agotamiento, hiperestimulación y descreimiento. Ya no hace falta clausurar universidades; alcanza con convencer lentamente a la sociedad de que pensar sobradamente es inútil. El resultado es una comunidad cultural donde todo debe medirse en términos de rentabilidad y donde la reflexión profunda comienza a parecer sospechosa. El agotamiento del que habla Han es, en última instancia, la forma moderna de la ceguera blanca de Saramago: un exceso de estímulos que no nos deja ver lo esencial.
Sin embargo, los datos contradicen gran parte del relato instalado. Veamos con atención.
La inversión universitaria argentina cayó en 2026 al 0,75% del PBI: el nivel más bajo de las últimas tres décadas, incluso inferior al registrado durante la crisis de 2001. Datos construidos sobre ejecuciones presupuestarias oficiales de la Secretaría de Hacienda y del Presupuesto Nacional muestran un proceso persistente de desfinanciamiento. Mientras ciertos discursos insisten en la imagen de un sistema sobredimensionado y costoso, las cifras oficiales exhiben exactamente lo contrario: un deterioro sostenido de infraestructura, investigación, salarios y programas de permanencia estudiantil.
La paradoja se vuelve todavía más contundente cuando se observa el costo comparativo internacional. Mientras en países de la OCDE el gasto anual por estudiante ronda los 20.000 dólares, la universidad pública argentina sostiene trayectorias académicas completas con aproximadamente 5.000 dólares anuales por alumno. Es decir: produce profesionales, científicos, ingenieros, médicos y docentes con recursos notablemente inferiores a los estándares internacionales.
Pero quizá el dato más incómodo para ciertos sectores sea otro.
El 66% de los estudiantes de universidades públicas proviene de los sectores de menores ingresos. La universidad estatal argentina no funciona como un privilegio de élites ilustradas; funciona, precisamente, como uno de los últimos mecanismos reales de movilidad social ascendente. Allí estudian hijos de trabajadores precarizados, pequeños comerciantes, empleados informales, obreros. Allí todavía sobrevive la posibilidad de quebrar destinos heredados. Poder romper la matriz del “accidente” por nacimiento es una senda trazada históricamente desde la gratuidad universitaria de 1949, hasta los procesos de expansión universitaria en el interior del país durante las últimas décadas.
Y eso incomoda profundamente.
Porque una universidad pública altera algo más importante que una ecuación presupuestaria: altera jerarquías sociales históricas. Cada graduado de primera generación representa una grieta silenciosa en un orden que preferiría trayectorias previsibles. La universidad pública le exclama al hijo de una empleada doméstica o de un albañil algo potencialmente peligroso para cualquier estructura desigual: “la vida puede ser distinta”.
Por eso resulta funcional fabricar caricaturas: el “estudiante eterno”, el “extranjero que estudia gratis” o la supuesta falta de impacto de la ciencia en la vida cotidiana. En ese catálogo de estigmas, la acusación de “adoctrinamiento” ocupa un lugar central. Sobre este punto, el ensayista Néstor Kohan advierte que tal crítica parte de una premisa ingenua: suponer que existe un conocimiento neutral. En realidad, lo que suele llamarse "objetividad" es, a menudo, un adoctrinamiento silencioso que naturaliza el statu quo; por eso, cuando la universidad invita a pensar las estructuras de poder, se la percibe automáticamente como una amenaza ideológica.
Sin embargo, frente a la construcción de estas ficciones, basta observar la contundencia de los hechos. El papel de las universidades públicas argentinas en desarrollos médicos, investigaciones epidemiológicas, tecnología alimentaria, producción satelital o formación docente demuestra hasta qué punto esos discursos se sostienen más sobre prejuicios que sobre evidencia. No se trata de ideología, sino de soberanía y conocimiento aplicado.
En relación con los estudiantes extranjeros, representan apenas el 4% de la matrícula estatal. Una nueva vacilación teñida de estigmatización. También se instaló la sospecha sobre la transparencia universitaria. Pero cerca del 90% del presupuesto corresponde a salarios liquidados directamente por el Estado nacional. La Auditoría General de la Nación aprobó informes de facultades centrales de la UBA y distintas universidades firmaron convenios con organismos de control como la SIGEN. Sin embargo, en tiempos donde el impacto emocional vale más que la evidencia, la sospecha suele resultar más rentable que la verdad. ¡La posverdad parece haber declarado el triunfo!
La deserción estudiantil también suele utilizarse como argumento simplificador. Pero un estudiante que no cursa ni rinde no genera costos operativos significativos. Además, las tasas de egreso están profundamente atravesadas por la precarización económica, la inflación y la necesidad de trabajar mientras se estudia. En Argentina se estima que aproximadamente entre 4 y 7 de cada 10 estudiantes universitarios trabajan mientras cursan sus estudios. Comparar estas trayectorias con modelos europeos de dedicación exclusiva constituye un error metodológico elemental. Paradójicamente, el mismo ajuste que recorta becas y programas de acompañamiento termina agravando aquello que luego se utiliza como argumento contra el sistema universitario.
Y, aun así, la universidad pública argentina continúa produciendo médicos para hospitales públicos, ingenieros para infraestructura, investigadores para el sistema científico, docentes para las escuelas y profesionales que sostienen gran parte del funcionamiento cotidiano del país. Cada graduado devuelve al Estado, mediante trabajo, impuestos y desarrollo económico, varias veces la inversión realizada durante su formación. La universidad no constituye un gasto improductivo: constituye una de las pocas inversiones de largo plazo capaces de alterar estructuralmente una sociedad.
Entonces aparece la marcha universitaria.
Y lo que emerge allí excede ampliamente una discusión salarial o presupuestaria. Bajo las banderas, entre estudiantes agotados, docentes precarizados e investigadores que sobreviven con ingresos deteriorados, persiste todavía una idea profundamente incómoda para esta época: que el conocimiento no debe transformarse en un privilegio hereditario ni en una mercancía reservada para quienes puedan pagarla.
Porque cuando una sociedad comienza a sospechar de sus universidades, quizá lo que realmente empieza a perder no es solamente educación pública. Empieza a perder algo mucho más profundo: la capacidad misma de distinguir entre la luz y la oscuridad.
