Editorial

Una decisión sin explicación lógica

20 de noviembre de 2026 - 00:50

Determinadas decisiones de política exterior pueden admitir un debate legítimo. Dependen de la mirada ideológica de cada gobierno, de las prioridades estratégicas o de una lectura particular sobre el orden internacional. Pero la abstención de la Argentina en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, frente a una resolución que insta a los Estados a intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, no tiene explicación lógica alguna, como no sea un alineamiento incondicional y acrítico con Estados Unidos.

El texto fue aprobado con 175 votos a favor. Solo Somalia votó en contra. Se abstuvieron seis países: Argentina, Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Camerún y Burkina Faso. Es decir, la inmensa mayoría de la comunidad internacional, con regímenes de todos los signos y tradiciones culturales muy diversas, acompañó una declaración que apenas reafirma un consenso básico.

El episodio, además, no es aislado. En marzo de 2026, el país votó en contra de la resolución de la Asamblea General que calificó a la trata transatlántica de esclavos y a la esclavitud racializada de africanos como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia. Aquella vez la resolución obtuvo 123 votos a favor y 52 abstenciones, y solo tres votos negativos: Estados Unidos, Israel y la Argentina.

Los desvaríos de la política exterior de Milei solo se explican por un alineamiento acrítico e incondicional con Estados Unidos. Los desvaríos de la política exterior de Milei solo se explican por un alineamiento acrítico e incondicional con Estados Unidos.

Argentina tiene una historia de la que debería sentirse orgullosa. Desde el retorno de la democracia, fue una voz activa en los foros internacionales en defensa de los derechos humanos, impulsó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, apoyó los tribunales internacionales y construyó una reputación de seriedad en la materia. Esa tradición se tradujo también en el plano interno. La Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es una norma vigente que obliga al Estado argentino. Resulta difícil de sostener que el país tenga una ley nacional que lo compromete a erradicar esa violencia y que, al mismo tiempo, su representante en Naciones Unidas se niegue a acompañar un texto que promueve exactamente ese objetivo.

Estas posturas, como los mensajes discriminatorios hacia la diversidad sexual que el propio presidente Javier Milei expresó en el Foro de Davos, responden a una mirada fundamentalista que no es compartida ni siquiera por muchos dirigentes y votantes libertarios. Se trata de las ideas de un grupo reducido, con visiones retrógradas, que ha logrado imponer su agenda en la política exterior sin que exista un debate público ni un mandato social que la respalde.

La política exterior de un país no debería cambiar de sentido con cada gobierno en lo que respecta a los derechos humanos. Más allá del signo político de quien gobierne, es preciso que exista continuidad en el respeto a esos derechos y en el acompañamiento de las resoluciones que condenan sus violaciones. A eso se suma como exigencia de fondo la autonomía en las decisiones. Una nación soberana define su posición en función de sus principios y de su interés, no por seguimiento acrítico de potencias extranjeras.

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