Por Lic. Juan José Sánchez (*)
El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que se discutirá en el Congreso es, ante todo, una decisión política que define el modelo de país. Bajo la bandera de la "independencia" y la "estabilidad", se esconde un retroceso a las recetas de los años 90, agravado por un dogmatismo monetarista que ignora la complejidad de la economía argentina y la función social del Estado.
El corazón del proyecto es la reducción del mandato del BCRA a una única misión: "preservar el valor de la moneda". Esta idea parte de un error epistemológico grave: confunde un instrumento con un fin. La estabilidad de precios no es un objetivo en sí mismo, sino un medio para alcanzar el bienestar de la población.
En todo programa existe una jerarquía de objetivos: en la cúspide se encuentra la finalidad de toda acción estatal: “la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”. Por debajo, cada organismo debe aportar objetivos específicos y complementarios que definan su razón de ser. Reducir al BCRA a un "monocultivo monetario" que ignora el empleo, la producción y la equidad es un acto de voluntarismo que desconoce la interdependencia de las variables económicas.
Quienes defienden el mandato único suelen apelar a una interpretación simplista de la Teoría General de Sistemas, argumentando que la multiplicidad de objetivos lleva a resultados subóptimos. Pero la suboptimización no es una ley inexorable; es un riesgo que se previene con una adecuada jerarquización y mecanismos de coordinación. La realidad, como veremos en el punto 4, es que esta falacia se emplea para justificar la sumisión a los intereses de las corporaciones económicas, al poder económico concentrado.
La evidencia internacional desmiente el dogma. Al menos 38 bancos centrales operan con mandatos duales o múltiples. La Reserva Federal de EE.UU. tiene por ley el mandato dual de estabilidad de precios y máximo empleo. Brasil busca estabilidad de precios, pero suavizando las fluctuaciones de la actividad económica y fomentando el pleno empleo. El Banco de Inglaterra debe apoyar explícitamente las políticas de crecimiento del gobierno. Incluso Nueva Zelanda, el creador del mandato único en 1989, reformó su ley en 2018 para incorporar el "máximo empleo sostenible" como objetivo dual.
Como señala el exdiputado Carlos Heller: "La estabilidad del valor de la moneda no emana de una ley, sino de la salud y el vigor que goza la economía, la producción y el empleo".
El proyecto se presenta como una garantía de "independencia" del BCRA respecto del Poder Ejecutivo. Sin embargo, lo que realmente consagra es un régimen asimétrico que blinda a las autoridades actuales.
Por un lado, se mantiene la designación a sola firma del presidente, con acuerdo del Senado por mayoría simple. Por el otro, se exige una mayoría de dos tercios de ambas cámaras para remover a un director. Es decir: se nombra fácil, se remueve casi imposible. Esta asimetría no es casual; busca perpetuar a las actuales autoridades más allá de las próximas elecciones.
La contradicción es evidente. El gobierno que promueve la "independencia" del BCRA es el mismo que designó a las autoridades actuales por decreto, en comisión y sin acuerdo del Senado. Es el mismo gobierno cuyo ministro de Economía -y no una autoridad del BCRA- anunció el traslado de las reservas de oro al exterior, y cuyas decisiones clave (como el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez) fueron tomadas por el propio presidente en coordinación directa con el directorio.
El dictamen de minoría de la cámara baja lo resume con precisión: "Más que independizar al Banco Central del poder político, la reforma busca blindar a sus actuales autoridades frente a los gobiernos que vengan después".
El proyecto es radicalmente asimétrico. Hacia adentro (Tesoro y Estado), puertas cerradas y candados absolutos: se prohíbe todo financiamiento del BCRA al Tesoro, incluso en emergencias. Y se eliminan los adelantos transitorios y la compra de títulos públicos en el mercado primario. Pero hacia afuera (mercados y bancos internacionales), puertas abiertas de par en par. El BCRA puede endeudarse, hacer negocios y comprometer las reservas sin límites claros.
El Artículo 13 del proyecto (que modifica el artículo 33 de la Carta vigente) es el punto más peligroso. El nuevo texto habilita al BCRA a utilizar las reservas internacionales -incluido el oro- como garantía en operaciones de banca central. Es decir, convierte los ahorros del país en un colateral (garantía) para tomar deuda externa.
Analistas han calificado esta cláusula como un "Caballo de Troya". Si el Estado argentino tiene dificultades para acceder al crédito (y las tendrá), el BCRA podría hacerlo en su nombre, hipotecando el oro y las divisas. La declaración de "inembargabilidad" de las reservas no es una protección; es una cobertura legal para dar seguridad a los acreedores internacionales.
Esta modificación no es teórica. El gobierno ya mostró inclinación a usar reservas para fines ajenos a su función tradicional (BOPREALes, REPOs con oro). La reforma no hace más que legalizar y expandir esa práctica, eliminando los límites y controles existentes.
A esto se suman otras flexibilizaciones igualmente graves: permite préstamos de bancos comerciales internacionales, no solo oficiales; habilita operaciones financieras abiertas, incluyendo pases y cauciones; elimina el dictamen del BCRA sobre el impacto externo de la deuda pública (el famoso artículo 61 de la ley 24.156), un control que en 2018 no se cumplió y terminó en la crisis con el FMI; permite trasladar al BCRA los costos tributarios de las contrapartes extranjeras (grossing up), es decir, que el pueblo argentino pague los impuestos que tienen que pagar los bancos extranjeros.
La reforma no es neutral en términos distributivos. Al reducir la política monetaria a la estabilidad de precios y prohibir toda asistencia al Tesoro, el costo del ajuste recae sobre los trabajadores, los jubilados y las PyMEs.
El dictamen de minoría lo documenta con crudeza: la reducción de la inflación se asienta sobre el estancamiento económico. Los salarios
están estancados, el crédito permanece frenado por tasas reales elevadas y, desde que asumió Milei, se destruyeron 235.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado.
Pero el proyecto va más allá: elimina sistemáticamente todas las herramientas del BCRA para fomentar la producción real. El propio Mensaje del Poder Ejecutivo admite que la "banca de fomento" es ajena al Banco Central. El proyecto elimina el empleo, el desarrollo económico y la equidad social como finalidades; suprime la facultad de orientar el destino del crédito (hoy el BCRA puede pedir a los bancos que presten más a la industria que a la especulación); elimina las políticas diferenciadas para PyMEs y economías regionales; suprime el fondeo para crédito productivo de mediano y largo plazo; y abandona el mandato de cobertura territorial y acceso universal a servicios financieros.
Las PyMEs y las economías del interior quedan libradas a la usura de las altas tasas de interés. La industria, que necesita crédito a 5 o 10 años para invertir, pierde su herramienta de fondeo. El país profundo, donde los costos operativos son altos, queda a la buena de Dios. Es un abandono explícito del federalismo financiero.
Conclusión
Aprobar esta reforma es reeditar el fracaso de los 90 -desempleo, precarización, desindustrialización, crisis monetaria- con un agravante: desarma al Estado para enfrentar emergencias y legaliza la hipoteca del oro y las reservas en los mercados globales.
La independencia del BCRA no se logra con blindajes ni resignando soberanía, sino con transparencia y control democrático. Este proyecto convierte al Banco Central en un recaudador del ajuste que, al mismo tiempo, pone el patrimonio nacional como garantía en el casino financiero internacional. Si el experimento colapsa -como ya ocurrió en 2001-, perderemos reservas, crédito, producción y ganaremos más pobreza.
La receta libertaria liberal es brutal y simple: desmantelar el mercado interno, atar al Estado y poner la riqueza nacional al servicio de la banca extranjera. No es independencia: es dependencia absoluta.
*Juan José Sánchez es Lic. en Administración; Lic. en Comercio Internacional; Especialista en Gestión de la Economía Social y Solidaria (EGESS - UNQ); y Especialista en Planeamiento Educativo (IIPE - UNESCO). Es miembro del Instituto de Investigación Cecilia Grierson. juanjosanchez61@gmail.com