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Cara y Cruz

Un fallo con olor a revancha

18 de junio de 2026 - 00:22

Los 20 años de prisión impuestos a José Javier Aguilar por el asesinato del policía Diego Chávez adquieren incómodos sentidos cuando se los contextualizan.

La pena es inusualmente alta para un homicidio simple perpetrado en las condiciones del de Chávez, que debió juzgarse dos veces por una situación insólita: el veredicto de culpable por homicidio agravado por haber sido cometido en contra de un miembro de las fuerzas de seguridad, dictado en el primer proceso, fue anulado por la Corte de Justicia debido a que el juez director, Marcelo Soria, contaminó el criterio del jurado al despejar una duda determinante.

El primer juicio por el crimen del policía Diego Chávez fue anulado porque el juez había contaminado el criterio del jurado. El primer juicio por el crimen del policía Diego Chávez fue anulado porque el juez había contaminado el criterio del jurado.

Los miembros del jurado le habían preguntado si bastaba con que la víctima fuera miembro de la Policía para considerar el agravante planteado por la Fiscalía o era necesario que se hubiera probado que el homicida tenía alguna animadversión contra las fuerzas de seguridad. Soria contestó que alcanzaba con que fuera policía, cosa que es errónea, y así provocó que el jurado declarara a Aguilar culpable de un delito para el que sólo podía aplicarse la pena de prisión perpetua.

Esta falla fue la que fundó la nulidad del juicio en la Corte, en una sentencia que precipitó airadas reacciones de la Policía por la liberación del reo, que contaron con el respaldo del propio Jefe de la fuerza.

En el nuevo juicio, el veredicto fue de culpable por homicidio simple, sin agravantes. Vale decir: tampoco en esta oportunidad se probó que Aguilar hubiera matado a Chávez por el hecho de ser policía. El juez director, Fernando Esteban, lo sentenció a dos décadas de prisión.

Aguilar confesó ser el autor del crimen desde el primer momento. Mató a Chávez de un puntazo en el pecho en un confuso incidente el 29 de abril de 2022, cuando el policía, que estaba repartiendo notificaciones en Valle Chico, intervino en una discusión que mantenía con su esposa. Lo detuvieron de inmediato y fue sometido a golpizas tan duras por parte de policías que tuvieron que internarlo.

Obviamente, estas palizas policiales no merecieron ni siquiera reconvenciones disciplinarias y resulta quimérico esperar que vayan a ser objeto de investigación judicial.

El condenado es un pobre sujeto, que no tiene antecedentes penales y se vio envuelto en un episodio trágico.

Señalar esto, por supuesto, no significa menospreciar el dolor de los familiares, amigos y compañeros de Chávez, pero el asunto es otro: ¿por qué se aplicó una pena tan dura?

Hay que esperar los fundamentos de la condena, pero apenas un mes antes el juez Miguel Lozano Gyliam condenó a 17 años de prisión a Emanuel Alexander Vera por haber asesinado a Hugo Monje, un hombre con discapacidades motrices que lo sorprendió mientras le robaba una garrafa de su casa.

El veredicto del jurado había sido culpable por homicidio agravado por haber sido cometido en ocasión de robo. Los fundamentos del fallo de Lozano Gilyam destacaron la extrema crueldad del hecho y el aprovechamiento de la nocturnidad y el estado de total vulnerabilidad de la víctima.

Tamaños extremos ni asoman en el caso de Aguilar, a quien no obstante se le imponen tres años más por un homicidio simple, después de la anulación de un primer juicio viciado precisamente porque el juez había inducido al jurado a agravar la calificación.

Con los precedentes de protesta policial, la sentencia por el crimen del policía Chávez adquiere en este contraste olor a revancha corporativa. El aroma se hace más inquietante si se tiene en cuenta que no hubo novedades sobre la investigación por los tormentos policiales que llevaron a Aguilar al hospital con lesiones óseas y contusión pulmonar.

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