Estadística. El 80% de los casos que llega a la Sala Penal de la Corte de justicia es por agresiones sexuales.
14 de mayo de 2026 - 00:43
La ministra de la Corte de Justicia María Fernanda Rosales Andreotti reveló que el 80% de las causas que llegan para ser revisadas por la Sala Penal del tribunal son por delitos contra la integridad sexual. Solicitó mayores esfuerzos a las instancias judiciales inferiores para mejorar la calidad de las investigaciones y la presentación de los casos ante los jurados populares, pero el dato es sorprendente por otro motivo: la aplastante cantidad de sentencias sobre ultrajes contrasta con la exigüidad de las dictadas respecto de otras transgresiones, particularmente con los robos.
De 139 expedientes sometidos al criterio de la Sala Penal el año pasado, 111 fueron por agresiones sexuales. En lo que va de este, ya ingresaron 44 y el 75% son por ese tipo de aberraciones. Si hay que llevarse por esta estadística, en Catamarca los depravados proliferan en detrimento de los amigos de lo ajeno. Por supuesto, hay que tener en cuenta que no todos los fallos pueden elevarse a la revisión de la Corte, pero aún así la relación resulta asombrosa.
Lo que ocurre es que en los casos de abuso y violencia de género en general los victimarios son claramente identificados por las víctimas. Los fiscales sólo tienen que encargarse de juntar pruebas para llevarlos a juicio, que son provistas también por las víctimas y sus entornos. Estos auxilios eximen a miembros de las fuerzas de seguridad y fiscales de procedimientos trabajosos como los que demanda encontrar y capturar a los culpables de robos y hurtos y reunir un plexo probatorio consistente en contra de ellos. Nótese que nada menos que 111 expedientes por delitos contra la integridad sexual terminaron de recorrer el año pasado todos los recovecos de la burocracia judicial previos a la Corte de Justicia.
La Justicia es muy eficiente solo cuando las víctimas identifican a los victimarios. Si esto no ocurre, el delito no se persigue. La Justicia es muy eficiente solo cuando las víctimas identifican a los victimarios. Si esto no ocurre, el delito no se persigue.
¿Cuántas sentencias aunque sea de primera instancia por delitos contra la propiedad se produjeron en ese lapso? El “modus operandi” es cajonear las causas una vez que los sospechosos consiguen la libertad. Los abogados defensores dejan de molestar y los que sufrieron el o los robos terminan desistiendo de puro hartazgo.
La productividad judicial cuando los responsables de los delitos son identificados por las víctimas sería una demostración irreprochable de eficacia, si no fuera por la ausencia de resultados cuando los delincuentes tienen que ser descubiertos por las pesquisas.
Debe añadirse el detalle de que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera cuando los propios despojados de su patrimonio señalan a los malandras pueden estar seguros de obtener satisfacciones del sistema judicial. Más bien ocurre todo lo contrario y tienen que masticar la impotencia de que quienes los saquearon continúen libres y lo más panchos perpetrando sus tropelías.
El funcionariato judicial recién se decide a sacudirse las itas cuando media algún delito más grave, como el del asesinato de Hugo Monje a manos de un sujeto que le robó una garrafa. Si el pobre Monje no se moría, todavía andaría el acusado de homicidio asolando cabinas de gas.
Habrá que ver el derrotero de otro caso de robo frustrado reciente, en el que un sujeto que pretendió asaltar a dos adolescentes fue capturado, apaleado y entregado a la Policía por los vecinos ¿Habrán atrapado ya al cómplice que iba con él en la moto?
Lo que surge de la estadística es que las fiscalías son exitosas en la persecución del delito sólo cuando les llega todo cocinado: con 33 de mano todos son Strassera y ganan la falta envido sin inconvenientes, pero los problemas les resultan insalvables en cuanto tienen que investigar en serio. O sea: cuando tienen que trabajar.
