Por Rodrigo Morabito (*)
El año que comienza nos interpela como sociedad. Nos obliga a revisar no solo lo que hicimos, sino -sobre todo- el tipo de comunidad que estamos dispuestos a construir. En tiempos marcados por la urgencia, la crispación y la violencia cotidiana, resulta imprescindible renovar un compromiso colectivo con valores que no admiten postergación; me refiero a valores fundamentales como la empatía, la solidaridad y la paz social.
Bregar por un mundo y una sociedad menos violentos no es una consigna ingenua, sino una necesidad democrática. La violencia -en cualquiera de sus formas- deteriora el tejido social, rompe la confianza y debilita las instituciones. Frente a ello, la empatía se presenta como una herramienta política y ética; comprender al otro, reconocer su dignidad y asumir que nadie se realiza en una sociedad fracturada.
Creer y seguir creyendo en la justicia como la única institución legítima para canalizar los conflictos de manera pacífica es un pilar irrenunciable del Estado de Derecho. Cuando se desacredita a la justicia o se la reemplaza por la lógica del castigo inmediato, la venganza o la fuerza, lo que se pone en riesgo no es solo un poder del Estado, sino la convivencia democrática misma.
El país que necesitamos es aquel que asiste a los más vulnerables y entiende que los problemas sociales no se resuelven exclusivamente con sanciones, sino con políticas públicas de inclusión, desarrollo y oportunidades reales. El castigo sin horizonte de reintegración solo reproduce exclusión; la inversión social, en cambio, construye futuro.
Garantizar los derechos humanos fundamentales de las personas no es una concesión ideológica, sino una obligación constitucional y ética. Un Estado que protege derechos es un Estado que cuida, que previene la violencia estructural y que reconoce que el bienestar colectivo no puede medirse únicamente en términos económicos, sino también en dignidad, igualdad y justicia social.
Que el año venidero nos encuentre apostando a una sociedad menos pobre, menos violenta y más humana. Un país que no renuncie a la justicia, que abrace la inclusión y que se atreva a poner, como horizonte común, la felicidad de su pueblo.
(*) Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca. Profesor adjunto de Derecho Penal II de la Universidad Nacional de Catamarca. Miembro de la Mesa Nacional de Asociación Pensamiento Penal. Miembro del Foro Penal Adolescente de la Junta Federal de Cortes (Jufejus). Miembro de Ajunaf. Miembro de la Red de Jueces de Unicef. Miembro del Comité Panamericano de Jueces y Juezas de la República Argentina por la doctrina franciscana (Copaju). Miembro de la Red de jueces y juezas penales de la República Argentina.
