Impunidad. Las casas financieras anuncian sus desmesuradas tasas sin temor a la acción del estado.
En un contexto marcado por altos niveles de endeudamiento y morosidad de la sociedad, la usura opera en Catamarca a cielo abierto, amparada por una indiferencia del poder estatal que a esta altura puede considerarse lisa y llana complicidad. Las casas financieras aplican sobre sus víctimas intereses que llegan a superar el 800% anual, desmesura para la que no puede alegarse ningún justificativo porque tienen el cobro garantizado.
Con riesgo cero, ¿cuál es la razón para el desborde de las tasas? La permisividad del Estado no solo consolida un modelo de negocios basado en esquilmar personas que tienen dificultades para acceder a la banca tradicional, sino que lo estimula.
El Comité para la Prevención y Erradicación de la Usura, creado en la década pasada y anunciado con grandes bullas como un hito determinante en el combate contra el flagelo, emerge como paradigma de las simulaciones hipócritas.
Funcionó solamente durante un año, para consumo de la gilada. Nunca tuvo una agenda concreta, ni registra en su breve historial una sola medida de peso: ni denuncias penales por estafa, ni pedidos de informes sobre las tasas aplicadas por las financieras registradas, ni campañas de asistencia legal para frenar los embargos abusivos. Su existencia fue meramente nominal, aunque permitió al poder político alegar que aflicciones por el problema mientras en los hechos daba vía libre a los usureros.
Para tener una dimensión de la hipocresía, baste señalar que cuando se lanzó el Comité, en 2012, las tasas más altas de las financieras rondaban el 400% anual y ahora llegan a duplicar esa cifra.
Dada la desfachatez con que las financieras publicitan su angurria, es difícil no asimilar la desidia estatal con una decisión política de no interferir con los intereses de sectores que lucran con la desesperación.
El sistema de usura local tiene en los juicios ejecutivos una garantía absoluta. Al exigir la firma de pagarés en blanco o documentos con cláusulas abusivas, las financieras se aseguran un título que permite un embargo preventivo inmediato.
Aquí radica la falacia del riesgo: la financiera no teme la morosidad porque sabe que cuenta con el aparato judicial para secuestrar el salario del trabajador. El proceso ejecutivo es, por naturaleza, sumario y limitado; el juez no analiza la causa de la deuda ni la composición de los intereses, sino simplemente la validez formal del documento. Esta celeridad judicial, despojada de una mirada de equidad, transforma a los tribunales en oficinas de recaudación de los usureros.
El costo de las tasas de interés actuales es injustificable desde cualquier análisis técnico. Si el acreedor tiene la capacidad de embargar en tiempo récord el 20% o el 30% del sueldo de un empleado público o de un beneficio social, la prima por riesgo debería desplomarse. Mantener tasas como las vigentes en un entorno de cobro garantizado constituye una lesión subjetiva enorme.
La prescindencia, como mínimo, del Estado facilita el fraude porque elimina las barreras de entrada para los especuladores. Al no establecer topes máximos vinculados a la realidad del riesgo de cobro, el Gobierno provincial se convierte en el facilitador necesario para el saqueo.
Es imperativo que el Estado abandone la simulación y asuma su rol de policía financiera, auditando los títulos que se ejecutan en sus tribunales y activando mecanismos reales de defensa para quienes han perdido su soberanía económica en manos de la especulación.
