Pía Cabral
El fallo de la Corte de Justicia acerca de la venta de tierras a extranjeros desató esta semana indignación por dar vuelta una pelea que unió inclusive a sectores en disputa. Le presentación la había hecho el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata CECIM, en diciembre de 2023, apenas salió el DNU 23/70 de más de cien artículos que en su artículo 154 elimina los topes y límites para la adquisición de campos por parte de extranjeros.
CECIM consiguió en 2023 una medida cautelar a su favor, pero luego el Juzgado Federal 4 determinó que no reunía los requisitos para demandar en este caso. Los ex combatientes apelaron y la Cámara de Primera Instancia de La Plata con dos votos les dio la razón: adujo que si estaban habilitados para tal demanda, y que además el DNU era inconstitucional porque no estaba justificada ni la necesidad ni la urgencia. Esto fue en marzo de 2024.
El Gobierno de Milei buscó entonces sancionar una ley que habilitara la posibilidad de la venta de tierras, en el marco de la aprobación del RIGI y Super RIGI y la necesidad de flexibilizar acuerdos con empresas extranjeras. Ante el revés del Congreso, el Estado hizo una presentación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora revocó la sentencia de la Cámara de La Plata.
¿Organismo jurisdiccional o político?
Con curiosa rapidez, la Corte declaró que quienes presentaron el amparo, los ex combatientes, no estaban habilitados para reclamar contra el Decreto, ya que “la soberanía territorial, como es obvio, es una competencia del Estado, y no un bien colectivo”. Por lo tanto, no hay derecho de incidencia colectiva.
¿Quiénes entonces pueden reclamar en contra de la extranjerización de tierras, si quienes lucharon por la patria en Malvinas y hasta lo consensuado en el Congreso fue desestimado?
Un caso anterior
“Dos días antes de que Javier Milei anunciara sanciones para las empresas que operen sobre recursos hidrocarburíferos y naturales en general en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) impulsó una causa judicial contra el proyecto petrolero Sea Lion en la Justicia Federal de Tierra del Fuego.La acción legal fue presentada conjuntamente por el CECIM La Plata y la Asociación Civil de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) ante el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto. Apunta contra las petroleras extranjeras Rockhopper Exploration (británica) y Navitas Petroleum (israelí), que operan en la cuenca al norte de las Islas Malvinas”. (Cara y Cruz, 4 de septiembre de 2026).
El presidente aprovechó esta presentación para embanderar la causa Malvinas, tras el efecto post mundialista. “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”.
Un mensaje que hoy pierde coherencia a la luz de la resolución de la Corte.
Corte expedita
Llama la atención la agilidad para resolver este tema en particular del DNU, cuando en el orden de inmediatez la Corte no se ha expedido sobre otras cuestiones en general del mismo DNU que atentan directamente sobre facultades parlamentarias.
Mientras, las provincias argentinas mantienen abiertos ante la CSJN numerosos reclamos contra el Estado Nacional que no se resuelven con la misma presteza. La inmensa mayoría de estos expedientes corresponden a la competencia originaria del tribunal (donde la Corte interviene de forma directa) y se concentran principalmente en disputas de carácter económico, financiero y de transferencias presupuestarias.
La demora promedio de la resolución de casos del máximo tribunal es de un año y ocho meses. Los casos que involucran directamente a las provincias tienen una demora de aproximadamente cinco años y ocho meses. Se trata de los que tramita la Secretaría de Juicios Originarios y que involucran a conflictos entre provincias y litigios entre provincias y el Estado Nacional.
Los principales ejes de conflicto judicializados se agrupan en Fondos de Transición, Fideicomisos y Subsidios. Son las demandas generadas tras las medidas de ajuste fiscal y los recortes de transferencias no automáticas impulsados por la administración central.
También hay demandas por deudas previsionales con Cajas de Jubilaciones No Transferidas. Jurisdicciones que mantuvieron bajo su control los sistemas previsionales de sus empleados públicos demandan el envío regular de las partidas destinadas a cubrir sus déficits.
Otros planteos están relacionados con modificaciones impositivas y coparticipación, disputas sobre cómo la Nación liquida o recorta impuestos de la masa coparticipable, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Obras Públicas también
¿Los nuevos tecnofeudos o la Corte de Justicia son la nueva patria chica de Arturo Jauretche?
El rechazo de la Corte abre la posibilidad de comprar grandes extensiones de tierra con recursos naturales para sostener de inteligencia artificial. Esto es, privatizar territorios.
La posibilidad de adquirir territorios en zonas fronterizas o consideradas estratégicas hace peligrar la seguridad nacional.
Al eliminarse la prohibición de vender tierras colindantes a cuerpos de agua permanentes, se pueden generar situaciones donde grandes extensiones de tierra extranjerizada rodeen un lago o río, dificultando el acceso de ciudadanos a costas públicas. De ahí surge también el peligro acerca del uso indiscriminado de agua para los imperios digitales de las Big Tech. El agua es para los tecnofeudos un insumo estratégico y privatizado indispensable.
“La Patagonia constituye la zona más vulnerable del país y debemos prestar especial atención a ella. No obstante, sus dificultades inmediatas, la Patagonia es la región mejor dotada de energía: tanto en combustibles líquidos y sólidos como en caídas de agua”, escribió el ensayista en “Ejército y política”. La patria grande y la patria chica. En la obra señala los peligros del vacío poblacional, la integración y los límites del territorio. Y plantea la defensa nacional en términos de la estructura económica integral de la Nación.
Hoy la Argentina desarrolla nuevas zonas energéticas, principalmente en el norte con el Triángulo del litio, por ejemplo. Con el rechazo al fallo que protegía la venta de tierras, el país entero ha quedado en estado de vulnerabilidad.
Jauretche creía que la defensa de los recursos naturales no pasaba por una mirada solo ecologista, sino por un imperativo geopolítico y de soberanía nacional.
Entre las 44 zonceras argentinas manifiestas en su célebre manual, la Zoncera N°8 refiere específicamente a la libre navegación de los ríos y especifica que el mito la enseñó históricamente como una victoria de la libertad y la civilización, frente a la tiranía de Rosas, cuando para Jauretche fue en realidad una derrota soberana en la que la Argentina perdió la capacidad de regular su propio comercio.
Una Zoncera más se ha agregado a la lista.
