Por: Lic. Juan José Sánchez (*)
La Resolución 2076/2026 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) no es una simple medida administrativa de "ordenamiento". Es, en los hechos, una sentencia de muerte para el corazón de la economía social argentina. Bajo la excusa de exigir documentación contable, el Gobierno Nacional ha dispuesto la suspensión de la autorización para funcionar de 7.199 entidades, lo que representa el 32,41% de todas las cooperativas y mutuales vigentes en el país.
No es la primera resolución de esta gestión que suspende matrículas o las da de baja. Desde marzo de 2024, periódicamente INAES emite resoluciones en este sentido. Ésta es la resolución más significativa en cuanto a cantidad de cooperativas y mutuales intimadas y suspendidas.
Para dimensionar la gravedad de la Resolución del INAES: de un universo de 22.212 entidades, casi 9.000 fueron puestas bajo la lupa, y de ellas, casi 7.200 fueron directamente suspendidas. Esto no es un ajuste, es una asfixia política al sector de la Economía Social.
Un informe al respecto del Instituto Cecilia Grierson es contundente al señalar la perversidad del momento elegido para aplicar esta medida. La resolución exige la presentación de documentación asamblearia y estados contables del período 2023-2026. Paradójicamente, ese es exactamente el trienio de mayor crisis para el sector: paralización de la obra pública, caída de la demanda interna y depresión del consumo.
La Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) lo advierte con crudeza: la mayoría de las entidades afectadas no son grandes corporaciones, sino grupos de trabajadores que luchan por subsistir en cooperativas textiles, de construcción, de cuidado o de pesca artesanal. Exigirles que paguen auditores y contadores certificados para presentar un balance es una trampa mortal. En un contexto de ingresos magros y familias endeudadas, la formalidad es un lujo que no pueden pagar. El Estado no los está suspendiendo por "incumplidores", los está suspendiendo por pobres. Y no pretenden que el Estado haga la vista gorda, lo que se pide es el apoyo para poder cumplir con las formalidades.
El impacto es inmediato y desgarrador. Perder la personería jurídica y el CUIT significa la imposibilidad absoluta de facturar. Es el fin de la fuente de trabajo autogestionado, la pérdida del empleo asalariado que muchas de estas entidades sostienen y, en el interior profundo del país, la amenaza latente de dejar a pueblos enteros sin servicios esenciales como agua potable o energía.
La crítica más profunda no es la insensibilidad de la medida, sino la obscenidad del manejo de los recursos. El INAES no se financia con el Tesoro Nacional, sino con el esfuerzo de las propias cooperativas y mutuales a través del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa (FONEDU), creado por la Ley 23.427 (un aporte del 0,5% del patrimonio de las cooperativas) y por el 0,03% de las cuotas de cada socio en las mutuales.
La ley es clara: estos fondos deben destinarse a la educación, promoción y desarrollo del sector. Sin embargo, los números del Presupuesto 2026 y de su ejecución revelan una realidad escalofriante. Se prevén ingresos por $89.930 millones provenientes de este fondo, pero el gasto autorizado para el sector es de apenas $18.871 millones. ¿Qué pasa con la diferencia? Más de $71.000 millones se destinan a "inversión financiera".
Mientras se asfixia a las cooperativas suspendiéndolas por no poder pagar un balance, el Estado toma los aportes obligatorios de esas mismas cooperativas y lo coloca en el mercado financiero especulando con los recursos de las entidades. Es una tergiversación absoluta de la misión del Instituto. Es, en los hechos, una malversación de los fondos que pertenecen al sector cooperativo y mutual. Se les exige la formalidad que el propio Estado no les garantiza, mientras se les roba el fondo que debería ayudarlos a mantenerse en pie.
Frente a este escenario, no alcanza con denunciar; es imperioso proponer una política pública que revierta la masacre. El propio INAES cuenta con la herramienta: el "Programa 16 – Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual".
El Programa 16 fue diseñado precisamente para brindar asistencia técnica, legal y de fortalecimiento institucional, y se financia directamente con los recursos del FONEDU.
La propuesta concreta es la siguiente: El INAES debe reasignar de manera urgente y masiva los fondos del FONEDU (hoy desviados a "inversión financiera") para crear un Fondo de Regularización y Asistencia Contable. Este fondo debe cubrir el 100% de los costos de honorarios de auditores, contadores y trámites administrativos requeridos para que las más de 7.000 entidades suspendidas y las 1.299 intimadas puedan presentar sus balances y regularizar su situación.
Esta medida no es un "gasto", es una inversión productiva. Es devolverle al sector el dinero que él mismo genera para garantizar su supervivencia y la de miles de puestos de trabajo. Si el Estado tiene los $71.000 millones excedentes, la decisión política es clara: o los usa para salvar la economía social o los usa para salvar bancos.
La Resolución 2076/2026 del INAES, en el actual contexto de recesión, funciona como un filtro económico que expulsa a los más vulnerables. Exigir rigor administrativo de gran empresa a cooperativas que sobreviven al borde de la quiebra, mientras se desvían sus aportes, es una política de tierra arrasada. Es hora de que el INAES deje de ser un verdugo y vuelva a ser, como dicta la ley, el promotor del trabajo autogestionado y solidario.
* Juan José Sánchez es Lic. en Administración; Lic. en Comercio Internacional; Especialista en Gestión de la Economía Social y Solidaria (EGESS - UNQ); y Especialista en Planeamiento Educativo (IIPE - UNESCO). Es miembro del Instituto de Investigación Cecilia Grierson de la Asociación La Carrillo, y del Partido Solidario (PSOL). E-mail: [email protected]
