La identificación de quién habría sido el responsable de que el asesinato del ministro Juan Carlos Rojas se informara en un primer momento como una muerte por causas naturales desplaza el foco a la actuación de la Policía de la Provincia en las primeras horas posteriores al hallazgo del cadáver.
Según reveló en la última marcha Fernando Rojas, hijo del malogrado ministro, el comisario inspector y licenciado en Criminalística Tomás Rodríguez, quien para esa fecha se desempeñaba como jefe de Homicidios de la Policía de la Provincia, instruyó a una subordinada para que informara el episodio en el grupo de Whatsapp de la repartición como “muerte natural”, cuando esta subordinada, inexperta ella, pretendía seguir su intuición y poner “muerte dudosa”.
La afirmación de Rojas hijo se basa en las declaraciones que hicieron en el expediente penal que instruye el fiscal Hugo Costilla dos mujeres policía que participaron de la primera inspección en la casa de Rojas, una de las cuales era la que debía poner a circular la calificación provisoria del hecho por el Whatsapp y aseguró que recibió con cierto desconcierto la orden, directamente. Rodríguez, por su parte, declaró que en ningún momento se habló de muerte natural.
Es una contradicción importante porque hasta ahora nadie sabía quién había echado a rodar la hipótesis de la muerte natural, piedra angular de todo el escándalo.
Las declaraciones del personal policial obran en la causa y fueron incorporadas por escrito. A diferencia de los funcionarios judiciales del Cuerpo Interdisciplinario Forense y la Policía Judicial, los policías no fueron sometidos a interrogatorio.
La decisión de no convocar a los policías impidió también tratar de identificar a quien le habría autorizado a Fernando Rojas a limpiar la casa, escena del crimen, según la versión del propio Rojas.
La relevancia de indagar sobre estos puntos nebulosos es evidente.
Es la primera vez que surge un elemento de peso que permita sostener la hipótesis de un intento de encubrimiento, o por lo menos de despiste a un fiscal debutante como era Laureano Palacios, quien vio traumáticamente interrumpido su aprendizaje práctico por el Jury.
¿Por qué Rodríguez estaría interesado en que se informara como muerte natural lo que a todas luces era dudoso? Si es que en efecto fue así, por supuesto. Habría que ver qué se difundió en el grupo de Whatsapp de Homicidios ese día.
Rodríguez y otros jerarcas policiales que participaron de las pericias fueron relevados de sus cargos y trasladados, pero se desconoce si juegan algún rol en las hipótesis que maneja Costilla, también desconocidas.
Absuelto Palacios, la irresolución del crimen retorna al primer plano. Si Costilla no consigue el esclarecimiento, tendrá que explicar las razones, eventualmente establecer si hubo encubrimiento, como dicen los Rojas, o todo fue producto del encadenamiento de negligencias.
Entre tanta conmoción e incertidumbre, reconforta al espíritu cívico advertir que todavía existen instituciones capaces de mantenerse al margen del “strépito fori” como el Senado provincial, donde las actividades siguen desarrollándose con total normalidad. Es tal la templanza de los miembros de este cuerpo parlamentario que sus miembros se mantienen estoicamente al margen de la áspera polémica, pese a la participación que tuvo en su detonación nada menos que el presidente provisorio Oscar Alfredo Vera.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, se sintió impelida a renunciar al Jury y dar explicaciones a la sociedad por su voto a favor de la absolución, contrario a la opinión de la mayoría de su bloque y del Gobierno.
El augusto Vera, en cambio, mantiene un altivo silencio que es indicio de superioridad. No renuncia al Jury, no siente que haya necesidad de explicar nada y mucho menos de solidarizarse con su compañera de la Cámara baja, que arrastra de este modo todas las marcas.
Vera y Guerrero, lo totalidad de la representación en el Jury del Frente de Todos, salvaron a Palacios. Ningún sector respaldó sus posiciones. Dos votos mostrencos. n