Por Rodrigo Morabito
Hoy no es un día más en el calendario. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha invitado a reconocer el 25 de julio como el Día Internacional del Bienestar Judicial, en línea con la Declaración de Nauru. No se trata de una conmemoración simbólica ni de una concesión corporativa. Es, en realidad, una advertencia y, al mismo tiempo, una hoja de ruta; sin bienestar judicial no hay justicia posible; y sin justicia, el Estado de derecho se debilita.
Durante mucho tiempo se pensó (o se quiso pensar) que los jueces y las juezas debían ser inmunes al desgaste, al estrés, a la presión permanente de decidir sobre conflictos humanos complejos. Como si la función exigiera no solo independencia, sino también una suerte de invulnerabilidad emocional. La Declaración de Nauru viene a romper ese mito con una claridad necesaria; el bienestar judicial no es un lujo, es una condición estructural para garantizar sistemas judiciales justos y eficaces.
La propia resolución de Naciones Unidas lo reconoce sin ambigüedades; el bienestar físico y mental de quienes integran el poder judicial es crucial para la competencia y la diligencia. Dicho de otro modo, no se puede exigir decisiones prudentes, imparciales y fundadas si quienes deben tomarlas están sometidos a niveles de estrés que afectan su salud, su claridad y su equilibrio. No hay independencia real en contextos de agotamiento crónico.
Pero quizás uno de los aportes más importantes de la Declaración de Nauru sea el de eliminar el estigma. Reconocer que el estrés, la ansiedad o el impacto emocional del trabajo judicial existen no es admitir debilidad. Es, por el contrario, asumir con responsabilidad la dimensión humana de la función. Negarlo solo conduce al silencio, y el silencio, en estos casos, deteriora tanto a las personas como a las instituciones.
El bienestar judicial, además, no es una tarea individual. No depende exclusivamente de la resiliencia personal de cada juez o jueza. Es una responsabilidad compartida. Los sistemas judiciales, las instituciones y los propios operadores deben generar condiciones de trabajo adecuadas, promover entornos éticos y solidarios, y diseñar políticas que incluyan prevención, intervención temprana y recuperación. No alcanza con exigir resultados; es imprescindible garantizar condiciones.
En este punto, la cultura judicial ocupa un lugar central. No se trata solo de normas o protocolos, sino de prácticas cotidianas; cómo se distribuyen las cargas de trabajo, cómo se gestionan los tiempos, cómo se abordan los conflictos internos, cómo se acompaña a quienes atraviesan situaciones difíciles. Una cultura que invisibiliza el malestar o lo interpreta como falta de vocación es, en definitiva, una cultura que erosiona la calidad de la justicia.
También es clave comprender que no hay soluciones universales. Cada jurisdicción tiene sus propias realidades, sus propias tensiones y sus propios desafíos. Por eso, la Declaración de Nauru insiste en la necesidad de un enfoque contextualizado. Lo que sí es universal es el principio; el bienestar judicial es inseparable de la protección de los derechos humanos, tanto de quienes trabajan en el sistema como de quienes acuden a él.
Porque, en definitiva, la pregunta de fondo es simple; ¿qué tipo de justicia queremos? Una justicia que funcione a cualquier costo, incluso a expensas de la salud de quienes la integran, o una justicia que entienda que cuidar a quienes deciden es también cuidar la calidad de las decisiones.
En tiempos en los que el poder judicial suele estar bajo escrutinio (y muchas veces bajo presión), hablar de bienestar puede parecer secundario. No lo es. Es, quizás, uno de los pilares menos visibles pero más determinantes de la legitimidad institucional. Cuidar a los jueces y a las juezas no es un privilegio. Es una exigencia democrática. Porque detrás de cada decisión hay una persona. Y detrás de cada sistema de justicia, una sociedad que confía (o deja de confiar) en él.