Existe una manera sencilla y a la vez reveladora de analizar el perfil político e ideológico de cualquier gobierno: observar en qué y cómo gasta los recursos públicos. Por eso, el presupuesto es, en esencia, una declaración de prioridades políticas expresada en cifras. Un Estado es, en buena medida, lo que financia.
Aplicado este criterio al gasto público nacional vigente, el perfil de la administración de Javier Milei aflora con notable claridad. Los números dan cuenta de un ajuste que no ha sido parejo ni neutral, sino que ha recaído con particular intensidad sobre las áreas socialmente más sensibles, mientras otras partidas, vinculadas al aparato de inteligencia y a los compromisos financieros, no solo se preservaron sino que crecieron.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional hasta septiembre de este año, el gasto público nacional acumuló una caída del 31 por ciento en términos reales durante los primeros nueve meses de 2026 respecto del mismo período de 2023, es decir, antes de la llegada del actual mandatario a la Casa Rosada. La reducción, sin embargo, no se distribuyó de manera uniforme. El documento advierte una marcada merma de los recursos destinados a la salud pública, la educación, los programas sociales y las obras de infraestructura, al tiempo que los fondos asignados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aumentaron un 63 por ciento.
A ese incremento se suma el de los servicios de la deuda pública, cuyo peso en el gasto total pasó del 8,8 por ciento en los primeros nueve meses del año pasado al 11,2 por ciento en el mismo lapso de este año. En términos reales, estas erogaciones crecieron un 27,8 por ciento interanual.
El deterioro alcanza incluso a los organismos que sostienen la calidad institucional de la República. Los recursos orientados a la transparencia y el control cayeron un 43 por ciento en la Agencia de Acceso a la Información Pública, un 40 por ciento en la Defensoría del Pueblo y un 19 por ciento en la Auditoría General de la Nación.
En materia de salud, a modo de ejemplo, la Superintendencia de Servicios de Salud perdió un 73,4 por ciento de sus recursos reales respecto de 2023. En el área de desarrollo social, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia resignó casi el 75 por ciento de sus fondos, la Prestación Alimentar cayó un 36,2 por ciento y los fondos para comedores comunitarios y merenderos se redujeron un 57,5 por ciento.
Finalmente, es en la obra pública donde se registran los retrocesos más pronunciados. Vialidad, por caso, perdió el 81 por ciento de sus recursos. También sufrieron fuertes recortes las transferencias a las provincias y los municipios: en el caso de las no automáticas, la reducción supera el 90 por ciento.
Un somero análisis de la ejecución presupuestaria permite, entonces, advertir con nitidez el perfil de la gestión de Milei y distinguir quiénes son los ganadores y los perdedores de su modelo económico. Entre los primeros figuran los acreedores de la deuda y las estructuras de inteligencia; entre los segundos, los jubilados, los niños, las familias que dependen de la asistencia alimentaria, los usuarios de la salud pública, los estudiantes y las provincias.