Los cuestionamientos que cayeron sobre el fiscal Ezequiel Walther y la jueza de Garantías Cecilia Más Saadi por liberación de un sujeto acusado de ultrajar y contagiar una enfermedad de transmisión sexual a su sobrina de seis años omitieron un dato central: Walther elevó causa a juicio en 2019, menos de un año después de que se iniciara, y el proceso no pudo celebrarse debido a casi una decena de planteos recursivos de la defensa del encartado.
El expediente llegó en cinco oportunidades a la Cámara de Apelaciones y en dos a la Corte Justicia en su sinuosa deriva.
El hombre no pudo ser juzgado todavía porque la Cámara de Apelaciones sostiene extremos demasiado rigurosos para considerar probado el contagio de la enfermedad sexual en los términos fijados en la acusación, imposibles de cubrir con los instrumentos científicos disponibles.
Para tratar de satisfacer las pretensiones de Apelaciones, la Fiscalía solicitó análisis hasta en el Hospital Garrahan, de la Ciudad de Buenos Aires, pero no pudo reunir elementos suficientes para el criterio del tribunal.
Agotada tal vía, con el propósito de que el caso se juzgue, Walther quitó de la acusación el agravante del “daño a la salud de la víctima”, decisión razonable dada la intransigencia de la Cámara para admitir lo improbable de que una niña de seis años contrajera una enfermedad sexual de una persona distinta a la que la había violado “en forma continuada”.
La cuestión es que, mientras la pulseada jurídica se desarrollaba, transcurrieron los dos años que una persona puede estar como máximo en prisión preventiva sin ser sometida a juicio. La defensa pidió la liberación y ni el fiscal ni la jueza de Garantías podían denegar el beneficio sin incurrir en prevaricato.
Esto no implica la absolución del acusado, que ahora será indagado por Walther bajo la nueva figura. Simplemente no había modo de requerir la extensión de la prisión preventiva a la Corte porque ya está agotada la investigación y no es necesario producir más prueba.
Incluso cuando se trata de delitos tan aberrantes, para que los encartados permanezcan presos más de dos años sería necesario reformar las leyes vigentes, cosa que no depende de la voluntad de fiscales y jueces de Garantías –o no sólo de ellos, en cualquier caso- sino de decisiones políticas que los trascienden.
También habría que pensar en mejorar el sistema de asistencia a las víctimas para que puedan contar con asesoramiento legal adecuado. Este caso es un ejemplo claro de lo importante que es disponer de recursos para desenvolverse en los tribunales.
La defensa del acusado, atenta, pidió el cese de la prisión preventiva en cuanto se cumplió el plazo, tras interponer todos los planteos que estuvieron a su alcance para dilatar el proceso. La familia de la niña consiguió representación legal y se presentó como querellante para poder intervenir en la causa recién ahora que el caso ganó notoriedad.
Hasta eso, sobre el fiscal Walther y la jueza Mas Saadi se descargaron acusaciones que los sindicaban como cómplices del violador, sin considerar el rol que había jugado la Cámara de Apelaciones y el hecho de que, en comparación con otros expedientes, éste había sido elevado a juicio en tiempo récord.
Los escraches, desplegados en principio desde las redes sociales, como es habitual, incluyeron una manifestación frente al edificio de la Fiscalía Penal.
Walther recibió a la madre de la víctima y a una de sus abogadas y les explicó las causas de la dilación del juicio y la imposibilidad de denegar la libertad al acusado.n
