La Cámara de Diputados incorporó ayer a su agenda un proyecto de ley que propone cubrir las vacantes que se produzcan en la administración pública debido a fallecimientos por COVID-19 con un familiar directo del muerto. La iniciativa, de la diputada Analía Brizuela, se inscribe en una línea conceptual que considera los sueldos del Estado como subsidios o pensiones en lugar de la contraprestación por un trabajo, de modo que la idoneidad pasa a ser requisito superfluo. El precedente más inmediato es la propuesta de la presidente del Concejo Deliberante de Valle Viejo, Belky Pennise Zavaley, según la cual el agente público que sea condenado por violencia de género debe ser suplantado por su víctima.
“Lo pretendido en las condiciones requeridas es reconocer una suerte de ‘título’ de naturaleza hereditaria, que soslaya toda consideración acerca de la pertenencia y naturaleza de los cargos públicos. En este sentido, también es preciso señalar que los mismos pertenecen al Estado en miras a la satisfacción del interés público, por lo que ninguna persona puede obligar a la administración a que le confiera una función o empleo público. En este contexto creo que se debe contemplar la angustiosa situación por la que atraviesa la familia del trabajador. En consecuencia, se debe habilitar la ampliación de las posibilidades de acceso al derecho consagrado”, argumenta Brizuela. “Título de naturaleza hereditaria”. Destacable honestidad de la legisladora, que admite lo que en definitiva resultaría ser un privilegio de casta, en este caso la de los empleados públicos. Para los familiares directos de los muertos por COVID-19 ajenos a la administración pública no se piensa en compensación alguna, del mismo modo que no la tienen las víctimas de violencia de género cuyos victimarios no hayan sido empleados del Concejo Deliberante o la Municipalidad de Valle Viejo en la idea de Pennise Zavaley.
Es a todas luces una injusticia que podría resolverse, por ejemplo, estableciendo una pensión estatal perpetua para los deudos de todos los muertos por COVID-19 o todas las víctimas de violencia de género, pertenezcan o no a la administración pública. Y en cualquier caso ¿por qué limitar el carácter hereditario de los puestos a los golpeados por el COVID? ¿Duelen menos las muertes por otras causas? Quien no forma parte de la burocracia estatal padece en Catamarca una especie de "capitis deminutio" respecto de quienes sí tienen tal suerte, hecho que la pandemia, con sus restricciones a la actividad privada, ha venido a verificar brutalmente. El manejo del patrimonio público como bien de familia dista de ser una novedad. El ejemplo baja desde lo más alto de la jerarquía estatal, así que no es cuestión de andar escandalizándose demasiado. Sin embargo, propuestas como la de Brizuela le dan a la práctica estatus legal y la generalizan.
En Diputados proponen que los agentes públicos muertos por COVID sean reemplazados por familiares
Hay antecedentes. En 2015, por caso, los entonces concejales Juan Filippín y Liliana Barrionuevo plantearon transformar los puestos de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca en bienes personales que podrían ser legados de padres a hijos: los hijos de un municipal que se jubilara tendrían prioridad para reemplazarlo. Este principio hereditario ya había sido adoptado por el Tribunal de Cuentas, situación que dio pie a que ATE postulara generalizarla a toda la administración pública. Como el nepotismo es transversal en la asignación de cargos políticos, es lógico que se avance en darle formato legal a la conversión del patrimonio público en propiedad personal, pues no es otra cosa dar estatura reglamentaria a que la idoneidad y los méritos para acceder a un puesto en la administración pública cedan ante el derecho de sangre. n
