Abusos en el celular

De una gravedad inusitada es la denuncia penal radicada en la Justicia provincial en los últimos días a raíz de la distribución de material con contenido de abuso sexual infantil y de acoso sexual contra adolescentes catamarqueños. Que existan redes que trafican material aberrante de estas características no es ninguna novedad. La internet profunda (u oscura), al no albergar páginas indexadas por los tradicionales buscadores que se usan en la “superficie”, es un ámbito en el que circula material de esta índole, pero también otras actividades ilegales como venta de armas, drogas y hasta tráfico de personas.
Lo verdaderamente llamativo, según se desprende de los pocos elementos que se conocen de la investigación judicial en curso, es la fluidez con la que imágenes de niños y adolescentes de Catamarca, y probablemente de otras jurisdicciones también, circulaban por los celulares a través de los clásicos servicios de mensajería y por grupos presuntamente constituidos para tal fin. 
En la distribución de este material se presupone que intervienen personas que se dedican a estas actividades ilícitas por placer o por negocio, pero por la masividad que tendrían los grupos se especula también que participaban usuarios de estos servicios que compartían las imágenes sin necesariamente ser conscientes de la gravedad de esta conducta, penada por la ley.
El Código Penal es claro al respecto: “Será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores”. De modo que el delito lo comete tanto el que produce las imágenes como el que las hace circular, aunque las responsabilidades sean juzgadas de manera diferente.
La otra arista a contemplar se relaciona con las víctimas. Debe entenderse que, por tratarse de menores de edad, ningún consentimiento es válido. Hay, como en todo abuso de tipo sexual, un aprovechamiento de la inmadurez de los chicos.  La secretaria de Familia de la provincia, María Carrizo, que radicó la denuncia que investiga el fiscal Hugo Costilla, puso énfasis, en declaraciones radiales, en el rol que les cabe a los padres o mayores en la protección de los niños y adolescentes. “Hay que prestar atención a lo que hacen los niños en las redes. Hay que hablar con ellos para prevenir las situaciones de acosos. Deben saber que no tienen que mandar imágenes íntimas ni asistir a encuentros con desconocidos”, dijo, y advirtió que una de las señales es “el cambio de conducta del niño”.
La investigación recién empieza, y es de esperar que arroje resultados positivos, pues el castigo de este tipo de delitos aberrantes, además de hacer justicia, funciona como un modo de prevenir que se repitan, al menos con la insólita naturalidad con la que, según parece, se cometieron en este caso.n