Es irónico como el denostado Fondo Monetario Internacional ha terminado convirtiéndose en el acaso más consistente aliado del presidente Alberto Fernández. Celebran la Casa Rosada y el país el último diagnóstico del organismo: la deuda argentina es impagable en los términos establecidos por la administración de Mauricio Macri y los acreedores privados deberían contribuir a revertir esta situación con una quita.
“Nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible", dijo el FMI luego de que el venezolano Luis Cubeddu y Julie Kozack, sus enviados al país, analizaron los planes oficiales.
"En consecuencia –concluyó- se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad. El personal del FMI hizo hincapié en la importancia de continuar un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda".
Lógicamente, el pronunciamiento tuvo impacto en el mercado y los títulos argentinos cayeron, pero esta reacción inmediata es poco relevante frente al alcance político de un pronunciamiento que materializa el respaldo que Fernández recogió en su gira de los principales líderes europeos. Es como si el FMI se erigiera en garante de su programa de gobierno, del mismo modo que lo hizo con el de Macri.
Es que “cliente muerto no paga”.
Falta todavía la renegociación concreta, con el FMI y los privados, clave de bóveda para definir los límites económicos de la gestión y la envergadura del sacrificio que habrá que hacer para salir de la encerrona. Fernández se puso el 31 de marzo como fecha tope.
Recién ahí Fernández estará en condiciones de avanzar en el afianzamiento de un esquema de poder propio, que le permita moverse con más autonomía respecto de sus promotores y socios kirchneristas, quienes tienen expectativas particulares en lo que concierne a los presos por causas de corrupción, que definen como “políticos”, y al trato que dispensará la Casa Rosada a la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof.
El despeje del horizonte económico desenfrenará también a la política. Las disidencias internas del oficialismo, más allá de algunos emergentes como el de los presos políticos, se vienen administrando con suma cautela debido a la conciencia de las consecuencias que podrían devenir del abismo. Es probable que se tornen más enérgicas cuando la renegociación aleje este riesgo.
Los gobiernos provinciales, el catamarqueño incluido, aguardan ansiosos para saber cuál será su margen de maniobra. Los mandatarios suponen que Fernández acelerará el proceso para incorporarlos como factor equilibrante del kirchnerismo.
Ayer, el jefe de Estado reunió a 11 gobernadores y dos vicegobernadores para informarles sobre los detalles de las tratativas con el FMI. Obtuvo un obvio respaldo unánime. En representación de Catamarca estuvo el vicegobernador Rubén Dusso.
El chaqueño Jorge Capitanich sintetizó el sentimiento generar luego del espaldarazo del Fondo.
"Eso tiene impacto, no solo en el volumen total de los vencimientos de este año, que son unos 9.000 millones de dólares. La reestructuración exitosa de la deuda automáticamente genera perspectivas ciertas de recuperación de la actividad económica, que impacta sobre la generación de empleo, que mejora sustancialmente la distribución del ingreso y marca un sendero de la recuperación económica", dijo.
