Señor Director:
sábado 11 de julio de 2026
Señor Director:
El discurso constante e invariable sumado a una incesante construcción del relato son diferentes formas de legitimar ante el conjunto de la sociedad que asiste a legalizar a través de la sanción normativa, una incipiente abierta y/o solapada privatización y/o mercantilización de la escuela pública dejando de lado que es un derecho social y un bien público. Todo se inicia con la degradación deliberada y vaciamiento planificado de lo que se quiere reformar. En Catamarca se le llama Reforma Educativa, que no significa otra cosa que ajuste y reasignación presupuestaria disfrazada de eficientización del gasto público en lo que respeta a los IES y a todo el sistema educativo público provincial que contempla la Ley de Educación N° 5381.
No está lejos el concepto de meritocracia que maneja el neoliberalismo “modernizante”, que no es otra cosa que la sanción de la desigualdad por la riqueza y el egoísmo individualista. Aquí encontramos otra grieta: cooperación vs. competencia. Mientras la cooperación no niega las desigualdades y busca un horizonte donde todos puedan conseguir un lugar en función de elevar su calidad de vida, la competencia pertenece a los señores del dinero y el poder, típico de la “elite” catamarqueña que gobierna -de un signo político o de otro-. La meritocracia es propia de sociedades asimétricas, egoístas, calculadoras e individualistas.
La mercantilización no solo significa que la escuela pública pueda intentar ser “una empresa eficiente” como las empresas privadas, sino que los servicios que brinda –en este caso el Nivel Superior a través de los IES- tenga participación el sector privado a través de ayudas económicas y direccionarlas hacia determinados objetivos (con sus respectivos beneficios económicos), coartando la inclusión y la transferencia de conocimientos hacia colectivos sociales. La escuela pública nos interpela como sujetos sociales que más allá de su dimensión pedagógica y académica posee una dimensión política, como praxis, que significa aportar el marco teórico para transformar la realidad y modificar las injusticias de las asimetrías sociales cada vez más profundas. En ese horizonte, al sector docente resulta aislado en su calidad de sujeto individual y no reconocen su condición de sujeto colectivo de gran valor en el ciclo de transformaciones de una sociedad (CTERA)
Dice el gobernador Raúl Jalil: “La reforma laboral que presentamos plantea una reforma profunda en cuanto a los concursos que tienen que tener las personas que ingresan al Estado provincial y la base es el esfuerzo”. Usa conceptos tales como “esfuerzo”, que es sinónimo de eficiencia, meritocracia, reducir costos, maximizar ganancias.
Ante el desfasaje presupuestario, en su ordenamiento económico, de aportes que reciben las escuelas de gestión privada en desmedro de las escuelas de gestión estatal, ese discurso se fortalece en la opinión de la gente. Dice CTERA que el sector privado -aceptado y legitimado legal y socialmente- sostiene “que toda la educación es pública”, resultando indelegable la responsabilidad del Estado y la única diferencia público-privada sería la posesión del edificio y la gestión del servicio. En el medio se encuentran los aportes presupuestarios oficiales para el pago de haberes de las POF y la cuota societaria de los miles y miles de alumnos que asisten a establecimientos de gestión privada.
Los aportes públicos para el sostenimiento de la educación privada marcarían la “meritocracia” en la utilización de esos recursos. Se deja de lado que el Estado prácticamente abandona su deber de sostener las escuelas públicas en un marco de dignidad, equidad e igualdad. Así, comienza la ruptura en la percepción social de “lo estatal y lo público”.
Todo esto recuerda inevitablemente la década del ’90, cuando el menemismo establecía prácticas de desguace a las empresas públicas del Estado y sus comunicadores oficiales –como Neustadt- imponían la voz de lo supuestamente racional, en el sentido de catalogar de ineficiente y burocrático, de enormes pérdidas económicas el mantenimiento de grandes empresas públicas que habían costado el esfuerzo a millones y generaciones de argentinos. La mayoría se privatizó y entregó al mejor postor tirando por la borda las mejores tradiciones argentinas.
El 23/09/20, el gobernador Jalil, en ocasión de anunciar el “Plan Provincial Acción-Educación 20/21, sostuvo que “debido a la situación epidemiológica… muchos alumnos están en riesgo pedagógico y se pueden caer del sistema”. Se olvida el Gobernador que el Estado provincial que conduce deja caer deliberadamente del sistema a miles de estudiantes que debían haber cursado normalmente -en forma virtual, como todos- el ciclo lectivo 2020, donde no hubo convocatoria a concursos docentes para el nivel superior ni asambleas para designar maestros y profesores en la educación obligatoria.
Ese “olvido” significa una estafa virtual a miles de estudiantes del nivel superior que no pudieron avanzar con sus carreras normalmente porque la POF 2020 no fue confeccionada. En el caso del IES Fiambalá, las tres carreras creadas el ciclo lectivo 2019 y que deberían tener continuidad en 2020 quedaron sin docentes y desarticuladas. Los estudiantes perderán un año si se normaliza el ciclo lectivo 2021 y si la reforma educativa no da por finalizado todo lo que estaba normado y trabajado hasta la fecha.
Las carreras de reciente creación profesorados y tecnicaturas se quedaron sin docentes en el ciclo lectivo 2020, con la excusa perfecta de la pandemia para “ahorrar” recursos específicos que pertenecen a educación.
Lo mismo pasa con escuelas secundarias de la provincia que en algunos casos cursos completos de escuelas recientemente creadas, como el 6to año de la Esc. Sec. N° 86 de Fiambalá, no tuvo docentes porque no fueron convocadas las asambleas de cobertura de cargo en tiempo y forma. Tampoco pudieron tener cobertura innumerables cargos por renuncias y/o jubilación de docentes. Idéntica situación se da en el nivel inicial y primario, donde las renuncias y/o jubilaciones dejaron una gran cantidad de grados con sus respectivos alumnos al cuidado de sus directores por el “olvido” del Gobernador y su ministro de Educación.
A ello, habría que agregar, que el titular de la UDAI ANSES Catamarca, Enzo Carrizo, afirmó el pasado 09/09/20 a los medios de prensa que “en esta semana comenzará a acelerarse el proceso de jubilaciones…, que existen 2.000 agentes de la administración publica en condiciones de jubilarse, de los cuales entre 600 y 700 agentes son docentes”. Esa cifra comprueba un hipotético promedio de 20 alumnos por curso, que serían en total 14.000 estudiantes de todos los niveles y modalidades, están afectados directamente por el acceso a la jubilación docente y la decisión política de no convocar a asambleas y/o concursos para la continuidad de prestación del servicio educativo.
Desguace del sistema
Por lo expuesto, se advierte que mientras en la actualidad se desarrolla un debate entre privatización y/o mercantilización de la educación pública con su correspondiente derecho a la educación, en nuestra provincia, ya comenzó el proceso de desguace del sistema educativo provincial con el “olvido” de asambleas y concursos docentes para la cobertura de cargos en un año de emergencia sanitaria que sirvió como excusa perfecta para comenzar el proceso. A ello se agrega la falta de financiamiento en todos los órdenes para la escuela pública. De hecho, el Estado arrojó a la calle a una gran cantidad de estudiantes que no pueden ser cuantificados en la actualidad por su “olvido”.
Expresó en diferentes medios la directora de Educación Secundaria, Patricia Álvarez, que “según un informe realizado en todo el territorio catamarqueño, el 52 % de los alumnos de nivel secundario están por salir del sistema por no participar de las clases a distancia” (El Ancasti, 05/10/20). De esta forma, el funcionarato catamarqueño de educación comienza a desligarse de responsabilidades que le son propias porque el Estado catamarqueño debe garantizar el derecho de enseñar y aprender en toda la provincia –Ley N° 5381 de Educación-.
Los responsables del sistema educativo conocen que las cifras reales en distintas regiones y centros urbanos de la provincia son muchas más altas. Las deserciones son enormes y comienzan a aparecer las excusas para desligarse de compromisos ante la opinión pública. Una forma propia de negligencia y apatía por no realizar los reclamos suficientes para incorporar al mundo digital al conjunto de la población catamarqueña porque el Estado no realizó las inversiones correspondientes en tecnología.
La sociedad en su conjunto debería exigir a las cámaras legislativas ante el inminente tratamiento de los anteproyectos de ley de educación privada y de reforma integral del sistema educativo, que resuelvan cómo el Estado provincial dará respuesta a la “estafa” a los estudiantes catamarqueños en el ciclo lectivo 2020 por parte del Ejecutivo provincial, porque el Estado no puede desconocer responsabilidades ineludibles e indelegables de interés público. Reitero, miles de niños y jóvenes a la deriva por decisiones políticas que atentan contra el derecho constitucional de aprender.
El ajuste del gasto público en educación recuerda cuando el anterior Gobierno nacional de Mauricio Macri sacaba paulatinamente responsabilidades específicas del Ministerio de Salud y las transfería a otros ámbitos, terminando por suprimir el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Será que la actual administración para el sector de educación desea realizar lo mismo, con el desmantelamiento deliberado y planificado de los IES y la falta de cobertura de espacios curriculares en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, enviando a las cámaras legislativas anteproyecto de reforma integral del sistema educativo provincial?
Con preocupación de docente, militante peronista, rector de una unidad académica de nivel superior y, sobre todo, ciudadano comprometido por el bien común que está convencido de que el Estado no solo debe regular sino garantizar la educación pública, espero que la reforma educativa que se enviará o se encuentra en tratamiento en las cámaras legislativas no legalice el desmantelamiento deliberado del nivel superior y del sistema en su totalidad. Que no se normalice la precarización, el despido y la flexibilización laboral de todo el campo docente. Deberíamos preguntar ¿Cuál es el papel del Estado y cómo se entiende el carácter público de la educación? Nuestro Gobernador nos debe una respuesta.
El campo de disputa entre lo colectivo y los deseos de la “elite” lo encontramos en todos los órdenes, en la actualidad son los docentes y estudiantes que deben decir basta a un proyecto político de achique y recorte presupuestario con la excusa de la reforma del sistema educativo. El deterioro deliberado es evidente. Entre todos podemos construir una educación de calidad dando el debate y haciendo lugar a las necesidades propias de los distintos departamentos que componen la amplia geografía provincial.
Jorge Enrique Tejada
Rector IES Fiambalá
