La política de viviendas en Catamarca ha sido históricamente objeto de justificados cuestionamientos. Todas las gestiones de todos los gobiernos a lo largo de las últimas décadas han recibidos críticas respecto de irregularidades en las licitaciones, los criterios de adjudicaciones, la pasividad ante la falta de pago, los acomodos, las injusticias y la falta de controles sobre ocupación o usurpación.
Tal vez el denominador común sea, salvando dignas excepciones de administradores que realizaron la tarea con responsabilidad y criterios de equidad, la arbitrariedad. Si alguien se tomara la trabajosa tarea de analizar con detenimiento el historial completo de adjudicatarios de viviendas en barrios con financiamiento público, destinadas a familias con capacidad de pago pero con ingresos bajos o medios, detectaría cientos de casos muy cuestionables: profesionales de altos ingresos, funcionarios y ex funcionarios que han recibido viviendas de este tipo aun cuando podrían acceder a su casa propia a través de otras operatorias, como créditos hipotecarios. Y, por supuesto, acomodos de familiares, amigos, militantes políticos, alterando las listas de prioridades confeccionadas según lo que marca la normativa.
Son muy usuales, también, las denuncias de viviendas otorgadas y no ocupadas nunca, o alquiladas, o vendidas irregularmente. En cada barrio de viviendas son fácilmente observables los inmuebles abandonados, deshabitados, mientras son cada vez más las personas que, como consecuencia de la agudización de la crisis económica, viven hacinados o en situación de calle. Una flagrante injusticia que las autoridades deberían reconocer rápidamente y corregir con las medidas previstas legalmente para estas situaciones irregulares.
Pese a lo que es evidente con solo recorrer las calles de los barrios de viviendas IPV, el actual administrador del Instituto suele jactarse de una presunta eficiencia de los controles que, se entenderá perfectamente, solo existe en los discursos oficiales, nunca en la realidad. O en todo caso habrá que decir, como ya se ha señalado en varias oportunidades en este diario sin que se instrumenten sin embargo medidas eficaces y equitativas, el IPV realiza controles selectivos basados en criterios bastante arbitrarios y de propósitos tal vez inconfesables. Así, se han registrado casos verdaderamente injustos de desalojos de personas de viviendas porque presuntamente no las habitaban, cuando en realidad estaban poco tiempo en ellas por sus obligaciones laborales o por otras razones de fuerza mayor y por cortos períodos.
Pese a las pruebas y testigos ofrecidos para constatar la injusticia de esas medidas, éstas se mantienen inalterables, mientras en todos los barrios de los cuatro puntos cardinales de la ciudad y de otros departamentos abundan las casas abandonadas, deshabitadas, cayéndose algunas a pedazos.
Las arbitrariedades que han sido características intrínsecas de la política de viviendas deberán corregirse de una vez por todas. Bien podría comenzarse ahora, dando señales concretas, demostrando que en un año electoral no hay acomodos sino criterios de ecuanimidad y justicia. Tal vez, en función de la historia reciente, sea mucho pedir, pero es necesario hacerlo.