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EDITORIAL

El delicado equilibrio

12 de noviembre de 2019 - 02:25 Por Redacción El Ancasti

Aunque es cierto que los estallidos sociales tienen un efecto multiplicador, las causas de las revueltas que sacuden a varios países de América Latina tienen puntos en común, pero también claras divergencias.

Ecuador y Chile convergen en el rechazo popular a un modelo económico que asfixia a la mayoría de la población. Bolivia, que ostenta avances económicos inéditos en los últimos años, con un fuerte proceso inclusivo de los sectores populares, presenta una crisis política en la que amplios sectores de la población se rebelaron contra el Gobierno que presidía Evo Morales cuestionándole maniobras presuntamente fraudulentas para desconocer la voluntad popular. Sobre Venezuela parece cernirse la tormenta perfecta, pues a la debacle económica del país debe sumársele el fuerte rechazo político que tiene el gobierno de Nicolás Maduro.
El resto de los países parece sobrellevar estas convulsiones con cierta estabilidad. Pero se sabe, en función de las experiencias recientes, que naciones aparentemente estables desde lo político y desde lo económico, de un día para el otro se convierten en campos callejeros de batalla donde el poder se disputa mediante herramientas no convencionales. Es decir, no mediante las urnas, sino a través de la movilización y la protesta.

Un amplio debate se abre, precisamente, respecto de la legitimidad de las movilizaciones populares como herramienta de presión política para lograr transformaciones. La protesta es un derecho que está garantizado por las leyes de cualquier república, de modo que nadie puede objetarla como método político para impulsar cambios en las políticas. Se sabe que en el contexto de estas manifestaciones se producen actos de violencia que deben condenarse, y que la gran mayoría de las veces son promovidas por sectores que no buscan cambios sino obtener réditos del vandalismo.

Lo deseable es que las manifestaciones públicas de disconformidad hacia una medida, un programa, un modelo económico, político o de organización de la sociedad se canalicen democráticamente. Si son lo suficientemente contundentes, provoquen la adecuación de los gobiernos cuestionados a las demandas populares. O, de otro modo, puedan ser asumidas por una alternativa política opositora con la posibilidad de que se imponga en las elecciones. 

En la Argentina, que presenta numerosas debilidades institucionales, debe reconocerse, no obstante, que las situaciones controversiales desde 1983 a la fecha se han resuelto por vías contempladas en la Constitución: o a través de comicios que ratificaron cambios de rumbo, como en 1989, 1999, 2015 y 2019, o por los mecanismos de sucesión ante renuncia del presidente, como ocurrió hacia finales de 2001 y principios de 2002.

Las protestas sociales, que son legítimas en su origen, pueden perder esa legitimidad si los desenlaces que propician no contemplan los mecanismos constitucionales vigentes. Encontrar ese equilibrio es un desafío para las democracias de la región.
 

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