Antes que el castigo a un hecho de corrupción, la condena a la ex intendente Mónica Hernández exhibe el mérito de exponer las inconsistencias y defecciones de la Justicia. La mujer purgará tres años de prisión en suspenso y quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos porque en 2008, cuando estuvo al mando de la municipalidad santamariana de San José, incurrió en irregularidades administrativas al alquilar un camión aguatero.
No puede afligir a esta altura que el Poder Judicial se haya demorado 12 años para sancionar tamaña nimiedad. La morosidad de este enclave institucional en asuntos vinculados a la malversación de recursos públicos con el propósito de obtener lucros ilícitos es rasgo demasiado conocido como para sorprender a alguien.
Valorar la trascendencia del caso Hernández demanda conjugar otros elementos.
La excepcionalidad en un contexto de corrupción impune podría ser uno, pero lo limitado del auxilio interpretativo que presta este factor se hace evidente en cuanto se profundiza en el relieve político del reo. La ex intendente cae ayuna de respaldos influyentes. Lo mismo le ocurrió a su colega de Antofagasta de la Sierra Carlos Fabián, que fue preso por fraudes más sustanciosos con fondos de las regalías mineras.
Por ahí podría haber alguna pista para explorar las tendencias preponderantes en la Justicia local, sean en el fuero provincial o en el federal: condenas por corrupción excepcionales, aplicadas a sujetos abandonados, quizás entregados, por la corporación política.
El caso Hernández, concatenado con el de Fabián, marcaría una suerte de afianzamiento de criterios judiciales selectivos para el campo específico de la corrupción: sanción a los pescados chicos, impunidad para los peces gordos, incluso para los peces gordos que todavía eructan lo que engulleron con maniobras montadas en las administraciones de los pescados chicos.
Falta, sin embargo, la pieza central: en los casos Fabián y Hernández, la Justicia renunció a investigar el sistema general al amparo del que ambos perpetraron las defraudaciones por las que fueron procesados.
El alquiler irregular de un camión aguatero por parte de Hernández no puede dejar de remitir al negocio del alquiler de maquinarias que por estos días muestra una de sus puntas en Vialidad de la Provincia y tiene sumidos en la zozobra a una gran cantidad de contratistas del Estado.
Los indicios de malversación de las regalías mineras tienen contundencia de semiplena prueba. Fabián estragó las de su distrito, pero otros intendentes hicieron lo mismo bajo la mirada tolerante y cómplice de las autoridades provinciales y solo él fue preso.
Fraudes con alquileres de vehículos y regalías mineras: dos sistemas extendidos de saqueo al erario. Que solo dos ex intendentes desprovistos de influencias hayan sido sancionados es demasiado poco.
El Poder Judicial se resiste a tirar de hilos reveladores. Las sentencias que emite son tan evidentemente epidérmicas que garantizan la impunidad en lugar de combatirla.
La cartelización
Los minuciosos apuntes del chofer Oscar Centeno aceitaron una investigación nacional que dejó al desnudo el sistema de corrupción en torno a la obra pública desplegado por el kirchnerismo.
En el aluvión de arrepentidos en busca de clemencia, sobresalieron las declaraciones contritas del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y propietario de la firma ESUCO, Carlos Wagner, quien explicó la “cartelización” que, con la complicidad de los funcionarios nacionales, operaban las empresas contratistas del Estado. El acuerdo para repartirse la obra pública incluía multimillonarios sobreprecios para pagar las coimas requeridas y compensar a los socios de los procedimientos administrativos amañados.
EL ANCASTI informó hace ya seis años sobre un sistema idéntico articulado en el Instituto Provincial de la Vivienda de Catamarca.
Seis años, marzo de 2012. Cristina Fernández de Kirchner todavía era presidenta, en Comodoro Py las indagatorias ni se imaginaban, y aquí la cartelización empresaria ya estaba a la vista de todo el mundo debido no solo de los informes periodísticos de este diario, sino a las acciones que tomó Editorial Capayán para resguardar los elementos probatorios.
Obras para construir casas en distintos puntos de la provincia se habían repartido entre las firmas integrantes de la corporación constructora en forma muy similar a la de una lista que circulaba días antes de que se adjudicaran.
La lista previa había sido depositada por EL ANCASTI en escribanía pública, en sobre lacrado, a la espera de que alguien, incluida la propia Justicia, se tomara el trabajo de investigar lo que a todas luces era un acuerdo corporativo para acomodar el resultado de una supuesta competencia. Más de $200 millones se destinaron a la construcción de estas viviendas: a valores de hoy, devaluación mediante, $1.600 millones.
Los indicios, contundentes, quedaron expuestos el 23 de marzo de 2012. Ya con las licitaciones resueltas, se confeccionó, en la misma escribanía en la que EL ANCASTI había depositado la “lista previa”, un "acta de constatación". Por escritura Nº 42, el escribano Juan Carlos Canellada dio fe del cotejo entre la lista depositada antes y la resultante de las obras adjudicadas.
- No hubo competencia efectiva en ninguna de las 39 licitaciones que conformaban la megalicitación, pues se presentó una sola oferta por barrio.
- Solo tres de las firmas que figuraban en la lista previa no presentaron ofertas. El resto lo hizo, en su mayoría exactamente en la licitación que se les habría asignado con anterioridad.
- 27 ofertas coincidieron exactamente con la lista previa: el 70% del total.
- Dos licitaciones que en la lista original estaban en blanco no registraron ofertas. En otras que tampoco figuraban como asignadas previamente se presentaron firmas que ya tenían otro negocio cerrado.
Ambas actas fueron entregadas por Editorial Capayán a Fiscalía de Estado. Por otras vías, los documentos llegaron a la Fiscalía Federal, a cargo de Santos Reynoso, en el marco de la investigación de la denominada “Causa Dusso”, que explora las terminales provinciales de la corrupción.
Aunque no hubo lista previa, en una megalicitación de viviendas posterior se dio la misma ausencia de competencia que en la primera.
La “cartelización” local fue confirmada por EL ANCASTI hace ya seis años. Como ni el Gobierno ni la Justicia hicieron nada para desmontarla, es lícito suponer que no hay intenciones de hacerlo y que el combate contra la corrupción seguirá circunscripto a actores menores como los ex intendentes Hernández y Fabián, sacrificados para que los fraudes sistemáticos a la administración pública continúen impunes y prosperen.
CAJÓN
Seis años antes de la causa de los cuadernos, en Catamarca la cartelización empresaria ya estaba a la vista de todo el mundo debido no solo de los informes de EL ANCASTI, sino a las acciones que tomó Editorial Capayán para resguardar los elementos probatorios.